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Tras
varios meses de negociaciones, el Gobierno de Kirchner ha
permitido a la distribuidora eléctrica Edenor subir
un 15% las tarifas de la luz a sus clientes industriales
a partir del próximo mes de noviembre. Al resto de
los consumidores, se les mantendrá los precios actuales.
A cambio, Edenor se ha comprometido a invertir 1.200 millones
de pesos (342,8 millones de euros) en obras de mejora y
ampliación de sus instalaciones en los próximos
cinco años.
Con
estos recursos, Edenor extenderá sus infraestructuras
para abastecer a 250.000 nuevos clientes residenciales y
6.800 pequeños empresarios. Además, este plan
de inversiones también regulará 70.000 conexiones
ilegales y mejorará 1.250 kilómetros de cable
de baja y media potencia.
Las
negociaciones también contemplan la cancelación
de las multas que la compañía eléctrica
había interpuesto contra el Gobierno en 2003 ante
el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (Ciadi)
y que estaban valoradas en 960 millones de dólares
(797,47 millones de euros) contra el Estado por mantener
las tarifas congeladas desde el año 2001.
El acuerdo
que ha pactado el Gobierno con Edenor no contempla ninguna
subida de tarifas para los clientes residenciales. En esta idea, que
los incrementos en las tarifas no se efectúen de
una manera lineal, el Ejecutivo federal coincide con el Gobierno de la provincia
de Córdoba.
Cuando
la salida de los socios de Aguas Argentinas de las concesiones
de Buenos Aires y Santa Fe ya es oficial, el Ejecutivo de
Córdoba está renegociando con esta misma compañía
el contrato de concesión de suministro de agua potable
en la provincia. Aguas Argentinas quiere un incremento lineal
en las tarifas del 60%. Una petición que el Gobierno
de Córdoba rechaza.
El
Ministro de Obras Públicas y Servicios de Córdoba,
Óscar Santarelli, ha declarado en una
entrevista a Americaeconomica.com que el Gobierno
está de acuerdo con un aumento de las tarifas, pero
siempre que no repercuta a los cordobeses con menos recursos
económicos.
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