Las autoridades de las confesiones protestantes con feligreses en Cuba han denunciado la inminente aplicación del decreto aprobado en abril de 2005, que impide el uso de casas particulares para la celebración del culto, como un deliberado intento del Gobieno cubano de impedirles realizar su labor y de paralizar su crecimiento en la Isla.

Según sus estimaciones, en estos momentos habría entre 10.000 y 15.000 casas particulares que sirven como iglesias, la mayor parte de ellas como centro de concentración de grupos de hasta 200 fieles.

Los luteranos, junto a los Testigos de Jehová serían las comunidades más afectadas por está disposición, en la que se fijan multas de hasta 1.000 dólares y cierres cautelares de las instalaciones para quienes violen las normas.
Sin embargo, la Iglesia Católica, la de mayor implantación en Cuba, no parece verse afectada por esta regulación, que fue publicada poco después y ha declinado hacer cualquier comentario sobre este asunto.

Los ministros protestantes hablan de “represalia directa” contra la decisión de los representantes de las iglesias Baptista y Asamblea de Dios, las principales confesiones luteranas de la isla de no integrarse en el Consejo Ecuménico de Cuba, un organismo creado por el gobierno para la interrelación Iglesia-Estado, al que califican como poco o nada representativo.

Según ellos, la celebración de los ritos religiosos en el interior de las casas sería la única alternativa real que tienen las confesiones que, a pesar de haber aumentado el número de sus miembros en la década de los noventa no poseen suficientes espacios específicos para el culto.

También aseguran que los edificios públicos de los que disponen tienen en su mayoría una antigüedad superior a los cien años y necesitan una rehabilitación urgente, aunque los permisos oficiales para iniciar las obras no siempre serían fáciles de conseguir. Sin embargo, las iglesias con poder financiero suficiente suelen iniciar los trabajos en la semilegalidad, siempre que no hayan recibido una prohibición expresa del Gobierno al respecto.

Para los líderes eclesiásticos de esta confesionalidad la directiva de abril es un paso más en la intolerancia del gobierno cubano y un intento velado de poner en peligro la libertad religiosa, asegurada por el artículo 55 de la Constitución Cubana, que confirma el paulatino regreso de la Isla a las prácticas de los sistemas totalitarios.