La nueva Ley de Tarjetas de Crédito que ha preparado el Gobierno de Hugo Chávez ha disgustado a los banqueros del país. La regulación ya ha sido aprobada en la Asamblea Nacional (AN), pero fuentes del sector aseguran que se espera que antes de ser publicada oficialmente pueda ser devuelta a la AN para realizar algunas modificaciones. Las cosas que quieren cambiar son muchas.

Hay varios puntos de la Ley que los bancos venezolanos quieren cambiar. Uno de ellos es el que establece que las entidades financieras deben aplicar una tasa de interés social del 50% del tipo de interés que fija el Banco Central de Venezuela (BCV) para comprar con tarjetas de crédito productos de la canasta básica o medicinas. Según las entidades financieras este artículo es imposible de cumplir "porque todos los bancos del mundo gestionan las transacciones por categoría de comercio pero nunca conocen el detalle de los productos adquiridos".

Pero hay más quejas. El analista financiero venezolano José Grasso, explica a a Americaeconomica.com que, además, la ley elimina todo tipo de comisiones por el uso de las tarjetas, y explica que esta decisión tendrá un coste para la banca de aproximadamente 200.000 millones de bolívares (77 millones de euros).

Otro asunto engorroso. Otro asunto engorroso para las entidades financieras es el hecho de que la nueva regulación les obliga a mantener los puntos de venta en los comercios sin ningún coste. Grasso confía en que este artículo quede eliminado porque si no supondrá un freno para el desarrollo del comercio electrónico, algo que la Ley intenta fomentar.

Hay otros artículos que generan recelos, como el hecho de que se prohíbe a los bancos dar información crediticia a otras instituciones que no sea la Superintendencia de bancos, lo que supone que no funcionarán para el caso de las tarjetas las centrales de riesgo privadas. También causa malestar el hecho de que sea el BCV el que finalmente fije los tipos de interés que deberán aplicar las entidades por el uso de tarjetas.

Pero también hay cosas buenas. Algunos expertos destacan el hecho de que se da a los emisores de tarjetas un plazo de 15 días para resolver las reclamaciones. Esto es importante porque en Venezuela hay muchos casos de duplicación de tarjetas, cargos indebidos y fraudes que en la mayoría de los casos se resuelven con mucha lentitud. Pueden tardar hasta meses. Ahora, la carga de la prueba la tiene el emisor de las tarjetas y no se pueden cobrar intereses por su uso hasta que no se atienda la queja.

Hay más artículos que benefician a los clientes, como el hecho de que se obligue a los bancos a ofrecerles mayor información sobre el uso y características de las tarjetas, se prohíba el cobro de intereses sobre intereses y se cree el Consejo Nacional de Usuarios de tarjetas.