Las llamadas telefónicas del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, a su homólogo en Costa Rica, Abel Pacheco para encontrar una solución al conflicto de soberanía del río San Juan no han servido de nada. El mandatario costarricense ha acudido a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para denunciar que la nación vecina impide que guardias de Costa Rica naveguen por el río. Bolaños ha respondido con la retirada del embajador de nicaragüense, una decisión desacertada para las relaciones dimplomáticas, a juicio de algunos expertos de Derecho Internacional.

El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, ha propuesto que Nicaragua envíe otra demanda a la CPI, para contraria a la de Costa Rica. Una propuesta que apoyan una gran mayoría de los ciudadanos, según destaca la prensa local. Además, la Administración nicaragüense ha reforzado su presencia militar en el río San Juan y amenaza con gravar el 25% de los bienes, productos y servicios que provengan de territorio costarricense.

El conflicto entre ambos países comenzó el pasada semana, cuando terminó la tregua de tres años que los presidentes de Costa Rica y Nicaragua habían firmado en 2002. Un periodo en el que delegaciones de las dos naciones fronterizas discutirían los términos de soberanía del río después de que en 2001 el Gobierno nicaragüense bloquease el acceso a la zona de guardias costarricenses armados.

Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua asegura que los tratados asumidos por las dos naciones revelan que los nicaragüenses tienen exclusivamente el dominio del río desde su nacimiento hasta su llegada al Océano Atlántico y que Costa Rica tiene únicamente derecho de libre navegación con objeto de comcercio