La aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex en el Congreso de México será una de las principales metas del nuevo secretario de Energía (Sener), Fernando Canales. El nuevo funcionario ha manifestado la necesidad de reducir la carga impositiva de la paraestatal mexicana con el objetivo de permitir que la petrolera tenga suficientes recursos para modernizar sus instalaciones. Un proyecto al que el presidente de México, Vicente Fox, ha dado la espalda por considerar que provocaría la disminución de los recursos en las arcas estatales.

Con estas declaraciones, Canales coincide con su predecesor Fernando Elizondo, quien siempre manifestó su respaldo al proyecto de ley que modifica el régimen fiscal de Pemex. El ex secretario de Energía renunció a su cargo la semana pasada con el objetivo de participar en las próximas elección presidenciales de México, en julio de 2006.

En su discurso, Canales también hizo mención a la polémica iniciativa de Vicente Fox de permitir la entrada de capital privado en la paraestatal para impulsar el sector energético nacional. El nuevo titular de la Sener aseguró que la iniciativa no representa un peligro para la soberanía nacional y calificó de urgente la apertura a la inversión privada en áreas como la petrolera y la electricidad al considerar que México no tiene capacidad presupuestaria para canalizar recursos en este sector.

Sin embargo los principales partidos de la oposición, que dominan el Congreso, rechazan el proyecto de Fox al indicar que la Carta Magna mexicana otorga a Pemex el monopolio de las labores de exploración, explotación, almacenamiento y distribución de la energía. Además critican al mandatario de México, a quien acusan de querer privatizar Pemex.

La reforma fiscal de Pemex. El proyecto de la Asamblea Legislativa, aprobado en el Congreso el pasado mes de julio, preveía aligerar la carga fiscal de Pemex entre 1.500 y 2.300 millones de dólares (1.196 y 1.835 millones de euros) en 2006 y otros 7.400 millones (5.903 millones de euros) en los siguiente siete años. Pero al Gobierno de México no le salían las cuentas, ya que con estas modificaciones, los recursos destinados al fisco disminuirían en unos 6.000 millones de dólares (5.396 millones de euros) en concepto de impuestos y derechos de la petrolera en el primer año de vigencia, lo que afectaría directamente al gasto público federal y al de los estados.

De momento, las diferentes posturas sobre la reforma fiscal convergen en la necesidad de paliar el agujero económico de Pemex. La deuda total acumulada de la compañía a finales del pasado mes de marzo ascendía a 515.890 millones de pesos (32.266 millones de euros) y a largo plazo puede alcanzar por distintos conceptos los 990.000 millones de pesos (75.405 millones de euros), de los cuales la tercera parte correspondería a los pagos que deberá hacer a sus trabajadores jubilados.