El prolongado conflicto institucional que asola a Nicaragua desde hace ya casi un año se ha convertido en una preocupación para el Gobierno de EEUU. Así lo ha demostrado Washington con la decisión de dar un paso más en su apoyo al presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, y ha enviado a su subsecretario de Estado, Robert Zoellick, para que contribuya a cerrar las diferencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El mensaje del político estadounidense ha sido tajante: la Administración Bush eliminará las ayudas económicas que envía al país si no se pone fin a la crisis política.

Zoellick ha calificado a la formación gobernante Partido Liberal Constitucional (PLC) y a su líder y ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, de fuerzas corruptoras del poder. La mayor parte de los liberales ha dado la espalda a Bolaños con el objetivo de debilitar al Ejecutivo después de que Alemán fuese encarcelado en 2001 -actualmente en libertad condicional- por lavado de dinero y malversación de fondos.

Además, el representante de EEUU considera que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la principal fuerza de la oposición, es un movimiento no democrático. Los sandinistas rechazan someter a votación en el Parlamento el tratado de libre comercio entre Centroamérica y EEUU (Cafta), situación que ha llevado a Zoellick a amenzar con excluir al país centroamericano del acuerdo comercial.

El subsecretario de Estado de la Administración Bush ha asegurado que Washington impulsará una salida democrática a la crisis de Nicaragua en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), para evitar lo que, a su juicio, podría conducir a un golpe de Estado. El mismo argumento con el que Bolaños envió a sus ministros a EEUU para pedir ayuda internacional.

La crisis institucional de Nicaragua dura ya casi un año. El Ejecutivo se niega a ratificar unas reformas constitucionales que la Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de octubre para limitar el poder de la Administración. Bolaños considera que sandinsitas y liberales, que dominan el Poder Legislativo, han pactado una alianza para apartale del poder.

Ante la negativa de Bolaños de no modificar la Carta Magna, la oposición emplea como medida de presión la retirada de inmunidad que la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada de seis ministros del Gobierno y el propio Bolaños, a quienes acusan de malversación de fondos en la campaña política de 2001 que llevó al actual presidente al Poder.