Los poderes Ejecutivo y Legislativo enfrentados en Nicaragua desde hace un año podrían alcanzar un acuerdo para terminar con sus diferencias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que ha intervenido en diferentes ocasiones en la crisis institucional por la que atraviesa el país, ha propuesto a las principales fuerzas del Gobierno nicaragüense aplazar las reformas constitucionales, ratificadas en la Asamblea Nacional pero rechazadas por la Administración, hasta las elecciones Presidenciales de 2006.

Insulza considera que esta solución podría suponer un 'acuerdo histórico' y se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que ambas fuerzas enfrentadas lo acepten. Pero el alto funcionario no siempre ha confiado en que la OEA pudiese cerrar la crisis institucional: el pasado fin de semana escribió una carta a Bolaños y al Parlamento de Nicaragua, en manos del Frente Sandinsita de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucional (PLC) en la que calificó de frustrante la situación y dejó a merced de la voluntad de los actores políticos la solución del conflicto.

La carta explica que las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo nicaragüense rompen el equilibrio de los poderes de Estado ya que restan al Ejecutivo facultades para gobernar. Por ello, recomienda que la ratificación de estas modificaciones se aplace hasta el nuevo periodo presidencial para comprobar si corresponden a una expresión de voluntad popular, avalado por la votación de las distintas fuerzas políticas, lo que al mismo tiempo daría al actual Gobierno la posibilidad de concluir su mandato. Insulza agrega además que es necesario no obstruir la acción gubernamental más allá de los naturales debates y discrepancias que generan las políticas públicas, básicos en el sistema democrático, según han recogido diferentes periódicos locales.

Una tregua. La iniciativa del secretario de la OEA podría poner fin a un año de enfrentamientos entre el Parlamento y Bolaños. La Asamblea Nacional aprobó en octubre de 2004 unas reformas a la Carta Magna que buscan recortar el poder de la Administración y trasladar al Poder Legislativo el control sobre algunos servicios públicos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, que actualmente dirige el Ejecutivo.

Sin embargo, Bolaños todavía no ha ratificado estas reformas, porque considera que forman parte de un 'golpe de Estado' promovido por la oposición para apartarles del poder. El mandatario nicaragüense elevó el caso a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que las calificó de jurídicamente inaplicables. Pero este fallo es contradictorio al emitido por el Supremo de Nicaragua, controlado también por los sandinistas y liberales, que pidió a Bolaños su aplicación.