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Las provincias bolivianas están enzarzadas
en un conflicto autonómico que ha provocado también
un distanciamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Una
situación que ha sembrado un clima de total incertidumbre
en el país. Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que
ha paralizado las elecciones del próximo 4 de diciembre y
que insta a redistribuir los escaños que actualmente tienen
asignados cada una de las provincias bolivianas, los protagonistas
de esta crisis están
lejos de encontrar una solución pactada. Mientras que el
Gobierno insiste en que las elecciones se realicen en la fecha prevista,
los presidentes de la cámaras proponen retrasar los comicios
hasta el 2007.
Hasta
el momento, las reuniones para salvar esta crisis no han tenido
éxito. Los encuentros en el Congreso comenzaron el pasado
lunes y se han ido sucediendo a lo largo de toda la semana y sólo
han servido para poner de manifiesto la disparidad de las posiciones.
No hay acuerdo entre ninguna de las partes implicadas.
El
fallo del Tribunal Constitucional ha sido el detonante de esta crisis.
El Alto Tribunal ha aceptado la demanda de los representantes políticos
de Santa Cruz, que exigen una nueva redistribución a su favor
de los asientos en el Parlamento a través de la actualización
del censo de votantes. El dictamen, que se ha hecho público
cuando sólo faltan tres meses para la cita en las urnas,
obliga al Congreso a tomar una decisión al respecto y, por
el momento, deja las elecciones en suspenso.
Las
autonomías. Un cambio en la asignación actual
de los escaños perjudicaría a las provincias de Potosi,
la Paz y Oruro. Los representantes políticos de estas provincias
han formado una alianza para defender su representación parlamentaria.
Una estrategia que se basa en defender sus escaños con amenazas
de protesta y otras fórmulas para pactar la solución.
Entre ellas, proponen que se cambie la convocatoria de elecciones
generales en un llamamiento a una Asamblea Constituyente.
Pero
la oferta de las regiones occidentales también incluye otros
métodos que pasarían por encima de la Constitución,
como ampliar de 130 a 136 el número de escaños en
el Congreso. Una opción con la que se otorgarían los
asientos que demanda Santa Cruz, pero que no disminuiría
el número que ahora tienen asignados.
Ambos
bandos se ven las caras en el Congreso. Allí los debates
se han subido mucho de tono y las sesiones se han suspendido en
varias ocasiones por los enfrentamientos entre los diputados. La
postura de Santa Cruz es tajante, quieren que se acate la resolución
del Tribunal Constitucional y no dan cabida a otras posibilidades
de solución. Fuentes del Comité cívico cruceño
han asegurado a Americaeconomica.com que no admitirán
ninguna disposición que se aleje de la Constitución
y de las leyes bolivianas. Por ello, no respaldarán el aumento
de el número de escaños en el Congreso ni ninguna
modificación del calendario establecido.
Las
cámaras . Ante la dificultad de encontrar un punto
en común, los presidentes del Congreso y del Senado, Norah
Soruco y Sandro Giordano, respectivamente, han propuesto que los
comicios se pospongan hasta 2007. Fecha en la que terminaría
la actual legislatura parlamentaria, que comenzó en 2002,
cuando asumió la presidencia Sánchez de Lazada.
El
Gobierno. La proposición de las presidentes de las
cámaras no convence al Ejecutivo. El presidente 'transitorio'
Eduardo Rodríguez ha declarado que cumplirá con los
compromisos que asumió el pasado mes de junio, cuando aprobó
la convocatoria a estas elecciones. Por este motivo, el mandatario
ha subrayado que no prorrogará su presidencia más
allá del próximo 11 de enero.
Rodríguez
insiste en solucionar este enfrentamiento autonómico y cumplir
con el programa pactado. Un acuerdo que calmó la tensión
provocada por las demandas autonómicas de las provincias
orientales y que estableció las elecciones y una Asamblea
Constituyente para el mes de abril del próximo año.
Todo parecía ir encaminado hacia una nueva etapa de Bolivia,
pero no ha sido así.
Si
el Congreso no consigue solucionar esta crisis y el presidente cumple
con su anuncio y se retira de la Presidencia, la estabilidad política
de Bolivia volverá a tambalearse. También habrá
elecciones, pero no generales, sino a presidente y vicepresidente,
para cumplir con el final de la legislatura.
Aunque todavía hay tiempo para salvar
la situación, la tensión es latente. El Gobierno y
los presidentes de las cámaras saben que esta situación
amenaza en convertirse en otra explosión social. Por ello
han pedido calma. Confían en que en los próximos días
las provincias acerquen sus posiciones y se acuerde un final a esta
crisis.
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