Las diferencias por las reformas constitucionales que enfrentan a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nicaragua desde hace hace ya casi un año parecen no tener fin. La Asamblea Nacional del país, dominada por la oposición, ha decidido poner en marcha el proceso de desafuero de seis ministros del Gobierno acusados de corrupción. El mandatario nicaragüense, Enrique Bolaños, no ha encajado bien esta actuación, a la que ha calificado de golpe de Estado, y ha permitido a los procesados salir del país, con la excusa de exponer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis institucional por la que atraviesa Nicaragua. Pero nadie sabe cuando volverán.

A pesar de la ausencia de los ministros, el Congreso ha aprobado ya retirar la inmunidad a los seis altos cargos que forman parte de un grupo de 30 personas implicadas en casos de malversación de fondos en la campaña política que llevó a Bolaños al poder en 2001. Los desaforados son: el titular de Educación, Miguel García; de Medio Ambiente, Arturo Arding, y de Gobernación, Julio Vega; así como a otros tres viceministros que también se enfrentan a cargos por delitos electorales.

Los funcionarios han emprendido un viaje a Washington para pedir a la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ayuda ante lo que consideran una persecución política. Fuentes consultadas por Americaeconomica.com han indicado que este organismo multilateral ha criticado fervientemente las medidas adoptadas por el principal partido de la oposición en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aliado con el Partido Liberal Constitucional (PLC), la formación que llevó a Bolaños al poder pero que ahora quiere apartarle de la Presidencia, después de que encarcelase al líder liberal, Arnoldo Alemán, por corrupción

De momento, Bolaños ha encontrado en EEUU un importante aliado en su lucha contra el Legislativo. El Congreso estadounidense ha aprobado una resolución en la que solicita a la Administración Bush que apoye activamente al presidente nicaragüense en el conflicto institucional.

El acuerdo aprobado por la Cámara estadounidense condena las reformas constitucionales aprobadas en octubre por la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por liberales y sandinistas, que buscan limitar el poder de la Administración de Nicaragua. El Gobierno de EEUU considera que es perjudicial para la estabilidad política en Latinoamérica y respalda la intención del Ejecutivo de Bolaños de no querer ratificar las reformas a la Carta Magna.

El regreso de Alemán. Antes de que el Congreso iniciara el proceso del desafuero de los ministros, todo parecía indicar que ambas partes implicadas, el Ejecutivo y el Legislativo, celebrarían una reunión para poder encontrar algún punto en común y resolver sus diferencias. Sin embargo, las miradas de los nicaragüenses no estaban puestas ni sobre Bolaños ni sobre la oposición: Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua y líder del PLC, ha vuelto a la vida política. Aunque en libertad condicional.

Y lo hace con ganas de intermediar en el conflicto que mantiene en vilo a los principales poderes del país. Así se lo hizo saber a su eterno rival, Bolaños, a quien le aseguró que su partido estaba dispuesto a negociar siempre y cuando el mandatario nicaragüense no impusiese ninguna condición. Pero las exigencias del ex presidente llegaban tarde: Bolaños ya había anunciado que sólo habría posibilidad de tregua si el Congreso retiraba las reformas constitucionales.

Esta decisión ha sido el principal detonante para volver a enfrentar a ambos políticos. Una batalla que para Alemán podría convertirse en una posibilidad de venganza, ya que fue Bolaños quien ordenó su entrada en prisión, una decisión que le costó el rechazo de la mayor parte de los diputados de su partido, el PLC. Pero el Tribunal de Apelaciones de Nicaragua ha permitido que el ex mandatario resucite al ordenar al Ejecutivo acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por los partidos de la oposición, en el que se pedía que se cumpliese la libertad condicional concedida al encarcelado Arnoldo Alemán.

La Sala de Apelaciones emitió su resolución tras estudiar un recurso de aclaración presentado por el ministro de Gobernación, Julio Vega, en el que pregunta si debe acatar el fallo de un juzgado que rechazó la libertad condicional de Alemán, o una sentencia favorable al ex mandatario emitida por la CSJ. La Corte de Apelaciones indicó que la CSJ es el máximo órgano judicial de Nicaragua.

Alemán cumple bajo libertad condicional una condena de 20 años de cárcel por fraude al Estado y lavado de dinero, que le permite moverse por toda la provincia de Managua sin salir de sus fronteras.

Bolaños podría ser el próximo desaforado. El líder de los sandinistas, Daniel Ortega, ha advertido a Enrique Bolaños de que en los próximos días la Asamblea Nacional de Nicaragua podría votar su desafuero. Sin embargo, fuentes consultadas por Americaeconomica.com consideran que estas amenazas son sólo una medida de presión para que el mandatario nicaragüense acepte las reformas constitucionales que planteó el Legislativo el pasado mes de octubre.

Pero no es la primera vez que la oposición da este tipo de ultimátum a Bolaños. EL FSLN había estado a punto de someter a votación la retirada de inmunidad al presidente nicaragüense apenas hace 15 días, pero paralizó el proceso pocas horas antes del debate en el Congreso, con la esperanza de reunirse con el presidente nicaragüense.

La decisión de despojar de inmunidad a Bolaños y a parte de su equipo de Gobierno, había sido tomada después de que una comisión parlamentaria, encarga de estudiar las acusaciones de corrupción vertidas sobre el mandatario y otros funcionarios, indicase a la Asamblea Nacional que había pruebas suficientes para retirar la inmunidad a todos los políticos.

El informe de la comisión, liderada por la diputada sandinista Mirna Rosales, puso al descubierto la existencia de cuentas a nombre de Bolaños que no fueron declaradas ni al Consejo Supremo Electoral (CSE), ni a la Contraloría General de la República, ni si quiera al PLC. En total, se desconoce la identidad de los donantes que aportaron 9,4 millones de dólares (7,5 millones de euros) para su campaña presidencial.

Si el desafuero de Bolaños llega en los próximos días al Congreso nicaragüense, a pesar de que no hay ninguna fecha estipulada, el presidente habrá perdido la batalla. Los legisladores deberán aprobar la resolución con al menos el voto de 57 diputados de un total de los 91 que componen la Cámara, de los cuales el FSLN posee 38 y el PLC, 43, con lo que juntos suman 81. Una vez despojado de su inmunidad, Bolaños sería procesado por la CSJ, controlada también por las fuerzas políticas de la oposición

El inicio de las controversias. La batalla entre el Congreso y Bolaños se inició en octubre de 2004, cuando la Asamblea Nacional aprobó unas modificaciones a la Carta Magna que buscaban recortar el poder de la Administración y trasladar al Poder Legislativo el control sobre algunos servicios públicos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, que actualmente dirige el Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario de Nicaragua no ha ratificado los cambios porque considera que con estas reformas sus rivales políticos buscan apartarle del poder.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó a principios de este mes la legalidad de las modificaciones constitucionales y pidió a Bolaños que las promulgase. Pero el portavoz de la Presidencia, Lindolfo Mojarrez, ha recordado que la Corte Centroamericana de Justicia, a la que el presidente de Nicaragua recurrió al negarse a promulgar la iniciativa presentada por la oposición, falló a favor del presidente y calificó las modificaciones como jurídicamente inaplicables.