Todo Wall Street vuelve a estar pendiente de un juicio. Se trata del proceso por fraude que la Fiscalía General de EEUU, personalizada en Michael García, el asistente neoyorquino, ha entablado contra Samuel Israel III y Daniel Marino, presidente y consejero delegado, respectivamente de la gestora de hedge funds Bayou Group.

Ambos se han declarado culpables en su primera comparecencia ante un gran jurado que tuvo lugar en la Corte Federal del Estado de Nueva York de White Plains, más concretamente en la sala dirigida por el juez George Yanthis. Se les acusa de haber defraudado a sus clientes un total de 450 millones de dólares (373,6 millones de euros) en cuatro años, ocultando las pérdidas cosechadas por sus inversiones, o simplemente desviando el dinero recaudado, gracias a un esquema de contabilidad creativa que falseaba las cifras y fingía la existencia de altas rentabilidades. La estrategia se completaba con la existencia de una auditora sin actividad real (Richmond-Fairfield Associates), creada también por Israel III y Marino que firmaba los resultados del ejercicio.

La ficción duró seis años justos. Desde julio de 1999 hasta julio de 2005. Entonces, los financieros se vieron obligados a cerrar el fondo, cuando los rumores de una posible crisis general del sector, desencadenados por la revisión a la baja del “rating” de la deuda de General Motors (que descendió hasta la categoría de los bonos basura), provocaron una oleada de clientes insatisfechos, en su mayoría pertenecientes a la élite financiera del estado de Connecticut, que querían retirar sus fondos del Bayou Group. Pero el dinero ya no estaba. Y los encausados no pudieron, evidentemente, cumplir su promesa de empezar a devolver el capital en agosto.

Una rápida e inusual reacción. Las autoridades han actuado esta vez con una rápidez inusual. En una espectacular acción combinada en la que se han implicado funcionarios de la Comisión de Supervisión Bancaria de Connecticut, la Comisión de Valores (SEC) y el FBI. Sin embargo, la velocidad empleada para llevar ante la justicia a los culpables no ha servido para encontrar el rastro de la riqueza perdida. De momento, sólo se ha determinado el paradero de 100 millones de dólares (83 millones de euros), gracias a los esfuerzos de los investigadores del FBI en Arizona.

Al parecer se encuentra en varias cuentas bancarias a nombre de IMG, otra sociedad fantasma constituida en mayo por Marino e Israel III.

Hay mucho en juego en este caso. Los “hedges” controlan ahora más de un billón de dólares (830.360 euros) en activos en todo el mundo, tras haber doblado su volumen durante los últimos cinco años, y estaban intentando derribar la imagen de juguetes peligrosos y de alto riesgo para millonarios osados que arrastran casi desde su creación.

Más aún. También parecían a punto de convencer a la concurrencia de que su simple existencia no suponía un constante peligro de riesgo para el sistema financieromundial.
Una impresión más que fundamentada, especialmente tras el colapso del LTCM, en 1998, que tuvo que ser resuelto con un plan de salvamento organizado por el presidente de la Reserva Federal de EEUU (FED), en el que 14 grandes bancos de todo el mundo desembolsaron 3.600 millones de dólares (2.989 millones de euros) para evitar el desastre.

Tranquilidad quebrada. Cierto que, desde entonces, la tranquilidad del sector sólo se ha visto quebrada en otra ocasión. Hace cinco años, en 2000 cuando Michael Berger tuvo que cerrar su Manhattan Investment Fund tras haber ocultado unas pérdidas de 400 millones de dólares (332.14 millones de euros) cosechadas a lo largo de cuatro años.

Ahora se trata de desvincular a Bayou del conjunto de la industria. Una estrategia peligrosa en cualquier caso, porque la rápidez con que Israel III y Marino han aceptado declarse culpables, en los blogs financieros se habla de pacto judicial. Y esos rumores no benefician demasiado a la credibilidad de la operación. Los cargos incluyen posibles penas de cárcel entre 30 y 50 años y multas de hasta 250.000 dólares (207.589 euros). Cualquier sentencia que fije castigos inferiores a éstos despertará suspicacias.

También se intenta demostrar que se trata de un fraude simple, de un vulgar robo y no de pérdidas ocasionadas por estrategias de inversión de riesgo relacionadas con el inquietante mundo de los derivados de crédito cuyo volumen, según las últimas estimaciones, alcanza ya los 8,3 billones de dólares (6,89 billones de euros), una cantidad que contiene 8,8 veces al PIB español de un año.

Además, el momento es especialmente delicado para que vuelvan a establecerse en EEUU relaciones entre los derivados y la solvencia bancaria. En julio de este año, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó, la segunda parte de las específicaciones del nuevo acuerdo global de capitales Basilea II. Justamente la que trata de modo específico lo relativo a las carteras de negocio bancario y estudia con detenimiento como amortiguar el impacto de las operaciones con derivados en la solvencia. El texto ha recibido algunas críticas en EEUU. Muchos expertos creen que la nueva supervisión puede animar a las entidades financieras a "sacar del balance" las operaciones más peligrosas.

Ficción televisiva . Algunos operadores consultados por este diario consideraban, sin embargo, que las autoridades estadounidense tendrán éxito y conseguirán desligar la crisis de este "hedge fund" de la evolución general del pólemico sector. Eso sería posible por las peculiaridades que han rodeado al "Caso Bayou", cercanas a las mejores historias policíacas de las series televisivas.

Israel III y Marino eran famosos por su estilo de vida lujoso. Parecían los perfectos "self made man" en la más pura tradición de EEUU. El presidente había sido un broker famoso de varios pequeños brokers bursátiles famoso por obtener rentabilidades anuales de más del 100% basadas en una cartera en constante rotación llena de inversiones de riesgo. Su complice, mucho más oscuro, sólo poseía una Licenciatura en Contabilidad Empresarial.

Cuando en agosto el cerco de la investigación empezó a cerrarse en torno a ambos, Marino tuvo un momento de debilidad y, aparentemente quiso suicidarse. O al menos escribió una detallada carta de despedida de seis páginas, encontrada por los investigadores del FBI en un registro de sus oficinas, en la que, al parecer el encausado revelaba muchos detalles de la investigación.

Además, Bayou era un "hedge fund" algo atípico y más popular que la mayoría de los de su clase. Sus comisiones de gestión eran bajas (alrededor de un 5% del beneficio, cuando lo habitual es un 20%), permitía a sus clientes la retirada mensual de parte de lo invertido y la inversión mínima establecida sólo era de 250.000 dólares (207.589 euros).

Pero las características pintorescas del caso no bastan para evitar que una potente sombra de sospecha vuelva a extenderse sobre todo el sector. Richard Blumenthal, Fiscal General del Estado de Connecticut, reclamaba a las autoridades supervisoras de todo el mundo, “una regulación común y efectiva que sirva para controlar la actividad de los “hedges”. Y, ciertamente, casi todos los expertos coinciden en que ése es un asunto pendiente, cuya resolución no debería demorarse ya por mucho más tiempo.