Más de 4.000 productores de azúcar de México se preguntan cuáles son los intereses económicos que han llevado al presidente de su República, Vicente Fox, a contradecirse a sí mismo, y por ello se han rebelado contra el Ejecutivo, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (conocida como Ley cañera), una norma que regula las relaciones entre industriales y campesinos productores de esta materia prima. Sin embargo, esta misma ley está en vigor desde su publicación, el pasado 22 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que Fox había dado su visto bueno al texto. El mismo del que ahora quiere deshacerse.

Por el momento, el Gobierno ha conseguido una tregua con los azucareros. Ambas partes celebraron ayer un encuentro en el que, según ha informado el presidente de la Unión Nacional de Cañeros de México (UNCM), Carlos Blackaller Ayala, se han decidido formar dos mesas de trabajo: una técnica-jurídica, para supervisar la norma, y otra de implantación, para estudiar las consecuencias de su aplicación.

Pero ya no hay marcha atrás. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el 21 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) contra la ley cañera y no existen mecanismos legales para que se retracte. Ahora, será el máximo tribunal el que deberá decidir si el texto va en contra de la Carta Magna de México en un plazo que no está determinado en la legislación del país.

Según fuentes consultadas por Americaeconomica.com, el informe, elaborado a instancias de Vicente Fox, considera que la ley limita la libertad de asociación de las pequeñas empresas cañeras. Por su parte, las agrupaciones de productores niegan que la forma de organización de los campesinos, regulada en el texto, viole la Constitución ya que fue el propio Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaciónde (Sagarpa), quien determinó estos puntos con los agricultores.

Miembros de la UNCM han declarado a este medio que la actitud de la PGR, 'no tiene razón de ser'. El pasado mes de agosto, el Congreso del país azteca aprobó la ley cañera, que contaba con el visto bueno del entonces secretario de (Sagarpa), Javier Usabiaga. Después de que el Poder Legislativo diese luz verde al texto, Vicente Fox lo ratificó, por lo que se procedió a su publicación, el 22 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación. Con este acto, la legislación entró en vigor en todos sus términos y los ciudadanos mexicanos están obligados a cumplirla.

Los productores de azúcar consideran que, con esta actitud, el mandatario mexicano intenta vetarse a sí mismo, es decir, rechaza una ley que él mismo había promulgado. Pero para que sus acciones no resulten contradictorias, según empleados de la UNCM, Fox se ha escondido en la PGR, que depende del Gobierno y que tiene la atribución de presentar ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad contra cualquier norma jurídica que no se ajuste a la Carta Magna.

Algunas agrupaciones del sector se han atrevido a dar a Americaeconomica.com una respuesta a esta actitud aparentemente 'ilógica' del presidente Fox. Según consideran los trabajadores, las acciones del mandatario mexicano podrían beneficiar a empresas extranjeras.

Estos rumores ya habían sido advertidos por el presidente de la Comisión Especial de la Caña de Azúcar en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Torres, quien calificó a Fox de capitalista puro y aseguró que el líder del Ejecutivo tiene intención de favorecer la entrada de extranjeros que pretenden introducir en México jarabe de maíz de alta fructosa, lo que perjudica, a juicio de Torres, a la industria azucarera.

El Gobierno, que no ha respondido a estas acusaciones, asegura que las medidas adoptadas por el Ejecutivo buscan impulsar la eficiencia, el saneamiento y la modernización del sector azucarero para fortalecer su competitividad.

El secretario de Sagarpa, renuncia. En pleno punto de ebullición de la crisis azucarera, el secretario de Sagarpa, Javier Usabiaga, ha presentado su renuncia. El funcionario fue quien emprendió las negociaciones para formular la Ley Cañera a la que respaldó una vez terminados los trabajos de su elaboración, pero se convirtió en la mano derecha de Fox meses después, cuando éste decidió que el texto atentaba contra la Constitución.

Fuentes consultadas por Americaeconomica.com opinan que la decisión de Usabiaga de salir del equipo foxista podría estar motivada por la intención de aliviar el conflicto cañero que enfrenta a los azucareros contra el Gobierno. Sin embargo, el titular de Sagarpa ha indicado que su dimisión responde a sus aspiraciones de conseguir gobernar el Estado de Guanajuato en las próximas elecciones en julio de 2006.

La renuncia de Usabiaga no ha sido la única que ha recibido Vicente Fox. Su dimisión se ha sumado a la de otros cuatro altos funcionarios, considerados como piezas clave en el Gobierno de México, que también pretenden participar en los comicios del próximo año, . Entre ellos, destaca el abandono del titular de la Secretaría de Energía (Sener), Fernado Elizondo, que había sido el impulsor de la reforma del régimen fiscal de Pemex con el fin de reducir la carga fiscal de la paraestatal mexicana. La petrolera se encuentra actualmente en una situación económicamente complicada.

El equipo de Fox también tendrá que buscar los relevos para las secretarías de Desarrollo Social, dirigida hasta la fecha por Josefina Vázquez Mota; de Comunicaciones y Transportes, liderada por Pedro Cerisola Weber y de Turismo, de la que se encargaba Rodolfo Elizondo Torres.

Algunas modificaciones en la ley cañera. Aunque en un principio todos los productores de azúcar se mostraron de acuerdo con la aprobación de la ley cañera, el líder de la UNCM, Carlos Blackaller, presentó algunas modificaciones que igualmente, fueron bien recibidas por la Cámara de Diputados, que las aprobó el 12 de septiembre.

Fuentes consultadas por Americaeconomica.com han explicado que entre los cambios que sufrió la legislación, destacan la creación de un Comité de Fomento, Promoción y Defensa de la Agroindustria Azucarera, que a su vez da viabilidad a la fundación del Centro de Investigación Científica y Tecnología para el sector del azúcar, así como el cambio en la naturaleza jurídica del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que pasó de ser un organismo público descentralizado a otro interinstitucional y de carácter consultivo.

El origen del conflicto. La disputa de los productores de caña contra el Ejecutivo surgió el pasado mes de enero, cuando Fox derogó el decreto del azúcar, una norma que durante 30 años había regulado la relación entre industriales y campesinos del sector así como los precios en el mercado de esta materia prima en función de los mecanismos de la oferta y la demanda. Empleados del UNCM informaron a Americaeconomica.com que el presidente de México derogó la norma de forma unilateral y sin consenso.

Fuentes de la Sagarpa consultadas por este medio consideran que la derogación del antiguo decreto cañero ataba al sector a estructuras que impedían mejorar su competitividad con miras a una apertura comercial en el futuro.

Según datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, en México operan 58 industrias implicadas en este sector, que generan 440.000 empleos directos y más de dos millones de trabajos indirectos. Esta agroindustria tiene presencia en 27 municipios de 15 Estados, en los que constituye una de las principales actividades económicas. La cosecha 2004-2005 produjo 5,8 millones toneladas de azúcar, pero un millón no pudo colocarse en el mercado, lo que provocó pérdidas para los productores.