La Subsecretaría de la Defensa del Consumidor de Argentina junto al Ministerio de Economía están diseñando un nuevo marco normativo para las grandes cadenas minoristas. La nueva norma obligará a los supermercados a dar publicidad a todos los cambios de los precios y sancionará con elevadas multas la publicidad engañosa. También se emprenderán más inspecciones para evitar que estos comercios pacten aumentos en el valor de los productos. Todo esto se produce después de que el presidente Kirchner responsabilizara a los supermercados del aumento de la inflación por llevar a cabo esta práctica ilegal.

Cuando los supermercados eleven el precio de alguno de sus artículos tendrán que indicar a los consumidores que el valor de esos productos ha sufrido una variación. Así, tendrán que señalizar la fecha a partir de la cual entra en vigor el nuevo precio y también marcar cuál era el anterior.

Además, cada uno de los artículos tendrá que tener perfectamente señalizado su precio, tanto en los expositores como en los panfletos de publicidad comercial. La Subsecretaría del Consumidor registrará en un listado los valores que ofrece cada una de los supermercados y sancionará con multas las incongruencias entre este listado y las ofertas publicadas.

Para controlar que las nuevas exigencias se cumplan, se emprenderán minuciosas inspecciones. Una supervisión que también se extenderá a investigar a las grandes cadenas minoristas para comprobar que las leyes del libre mercado se cumplen y no se pactan los precios.

Son tres grandes compañías las que van a estar en el punto de mira: CenCosul, Carrefour y Coto, que juntas controlan el 75% del mercado de alimentación argentino. Este control se va a empezar a llevar a cabo después de las denuncias del presidente Kirchner, que asegura que son las responsables de que la inflación haya subido entre agosto y septiembre un 1,2%.

Un porcentaje que ha disgutado al Gobierno y que se ha publicado en la fase final de las elecciones generales del próximo 23 de octubre. El último incremento aprieta mucho los cálculos del ejecutivo, que estimaba que el índice de precios al consumo no superaría el 10,5%. Ahora cuando sólo faltan tres meses para cerrar el año fiscal, la inflación acumulada desde enero hasta septiembre se sitúa en el 8,9%. Si se mantiene el mismo ritmo las previsiones no se cumplirán.