El canciller de Chile, Ignacio Walker, ha negado que las autoridades chilenas aconsejasen al magnate Andronico Luksic, que no asistiese a la citación judicial en Perú, según ha publicado el diario chileno El Mercurio. Walker, quien hizo un especial hincapié en la confianza que la República chilena siente hacia el funcionamiento de la Justicia peruana, aseguró que la decisión fue tomada por el empresario y sus abogados al margen de cualquier posible insinuación de la Administración de Chile.

Con estas declaraciones, el canciller chileno responde a las informaciones publicadas por el también periódico chileno, La Tercera, que a penas hace una semana afirmó que el presidente de Chile, Ricardo Lagos, podría haber aconsejado a Luksic no asistir a la citación judicial en Lima. Una noticia que no sentó muy bien entre los políticos peruanos, y para la que algunos círculos de la Administración de Perú podría desatar un nuevo conflicto diplomático entre estos dos países andinos.

Aunque Walker ha reiterado que desde Chile se cree en el Estado de Derecho establecido en Perú, La Tercera insiste en que esas sugerencias existieron. El periódico asegura que cuenta con fuentes no gubernamentales que indicaron a Luskic que el Ejecutivo de Chile no podría ofrecer garantías al empresario chileno en caso de que éste acudiese a las vistas orales celebradas en Lima.

El abogado de Luksic, Claudio Grossman, ha anunciado que esta semana elevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intermedie en el conflicto. El alegato que presentará ante este organismo judicial se basa en que los acusados chilenos son discriminados por su nacionalidad.

Tráfico de influencias. La Justicia de Perú acusa a Luksic, el empresario más rico de Chile, de tráfico de influencias junto a otros dos de sus socios, Gonzalo Menéndez y Fernando Pachecho. Los tres aparecen en una cinta de vídeo, grabada en 1998, en la que negocian supuestos favores judiciales con el ex jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, en un litigio con la Municipalidad de Lima. Este ente local denunciaba que la productora de pasta alimenticia Lucchetti, propiedad de la familia Luksic, cerca de la zona protegida 'Los pantanos de Villa', infringía normas de ecología y su infraestructura dañaba el medio ambiente.

Sin embargo, a pesar de que han sido convocados a dos procesos judiciales en Lima, ninguno de los acusados han acudido a la capital peruana. Por ello, el Supremo peruano ha emitido una orden de captura nacional e internacional sobre los tres, que sin embargo no tiene efectos prácticos en el país de residencia de los implicados.