La defensa del magnate chileno Andrónico Luksic, acusado de tráfico de influencias, ha dado un nuevo paso para liberar a su cliente de los cargos que se le imputan: pide que el empresario pueda prestar declaraciones desde Chile. Esta es una de las pocas opciones que Luksic tiene para enfrentarse a la Justicia peruana sin salir de su país, ya que, el recurso que pretende presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su abogado, Claudio Grossman, quien considera que hay discrimación en el proceso judicial, podría tardar en resolverse dos años.

Todo parece indicar que a Luksic no le convence la idea de pisar suelo peruano y menos asistir a una audiencia oral en los tribunales de Lima. De hecho, el diario chileno La Tercera publicó que fuentes no gubernamentales podrían haber advertido a Luksic que el Ejecutivo de Chile no podría ofrecer garantías al empresario chileno en caso de que éste acudiese a la citación judicial celebrada en la capital peruana. Sin embargo el canciller de Chile, Ignacio Walker, ha rechazado estas acusaciones que no han sentado bien entre la Justicia de Perú.

Además, Grossman ha decidido aplazar el recurso que presentará ante la CIDH ya que primero la Corte Suprema de Perú debe resolver un fallo presentado por la defensa de Luksic en relación a la aplicación de la prescripción del delito de tráfico de influencias.

Según el abogado del empresario chileno, la Justicia peruana aplicó un agravante que toma en consideración la presencia de funcionarios públicos en el supuesto delito, por lo que el plazo para la prescripción del delito se eleva de seis a ocho.

Sin embargo la defensa de Luksic considera que esta legislación peruana no se puede aplicar en el caso ya que los acusados no son considerados funcionarios públicos.

Tráfico de influencias. La Justicia de Perú acusa a Luksic, el empresario más rico de Chile, de tráfico de influencias junto a otros dos de sus socios, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco. Los tres aparecen en una cinta de vídeo, grabada en 1998, en la que negocian supuestos favores judiciales con el ex jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, en un litigio con la Municipalidad de Lima. Este ente local denunciaba que la productora de pasta alimenticia Lucchetti, propiedad de la familia Luksic, cerca de la zona protegida 'Los pantanos de Villa', infringía normas de ecología y su infraestructura dañaba el medio ambiente.