La 'guerra autonómica' ha conseguido unir a todos los sectores políticos que aún consideran a Bolivia como una unidad territorial. El Gobierno y los partidos han formado un único frente para que se cumpla con el calendario establecido y las elecciones se celebren, tal y como estaba previsto, el próximo 4 de diciembre. Todos están de acuerdo en que hay que cumplir el fallo del Tribunal Constitucional y llevar a cabo la nueva distribución de los escaños que ha dado el Alto Tribunal.

Pero aún así, la tensión entre las provincias no ha disminuido. Ahora, el problema se focaliza en cómo se van a llevar a cabo las nuevas asignaciones. Se sabe que Santa Cruz y Cochabamba van a ganar más representación en el Congreso y que Potosí, La Paz y Oruro serán las perjudicadas, pero todavía no hay ningún consenso en el modo en el que se van a concretar los cambios.

Esta semana ha transcurrido al ritmo de las sesiones parlamentarias. Unos plenos que hasta ayer jueves se convirtieron en fracasos. Pero, cuando se empezaba a prever lo peor, se ha conseguido un principio de entendimiento entre las partes enfrentadas. Las provincias occidentales (Potosí, La Paz y Oruro) han dicho sí a una nueva redistribución de los escaños.

La decisión ha cambiado el panorama en el país, aunque persiste la incertidumbre. Se ha dado un paso importante. Potosí, La Paz y Oruro han flexibilizado su posición y han retirado sus amenazas de no presentarse a las elecciones. Quieren dialogar, aceptan un cambio en los escaños que hasta ahora tenían asignados, pero no el mismo que exigen las provincias orientales de Santa Cruz y Cochabamba. De ahí que el país siga en vilo.

El futuro de Bolivia está en manos del poder negociador de los representantes provinciales. Cada uno de los frentes tiene sus propias propuestas, pero el diálogo parte con el principio de equidad. Oriente y Occidente están de acuerdo en que cada una de las provincias tenga un mínimo de representación en el Congreso. A partir de esta premisa, es cuando surgen las diferencias.

Una de las opciones que barajan Potosí, La Paz y Oruro, que se han unido en una alianza, es que se amplíe el número total de escaños en el Congreso. La idea es sumar a los 130 diputados que actualmente tienen asientos en el Parlamento, el número de representantes que demanda Santa Cruz y Cochabamba. Una fórmula con la que las provincias que hacen esta proposición conservarían los parlamentarios que ahora tienen.

Otra de sus propuestas se basa en complementar la equidad en la representación en el Congreso con una claúsula que se denominaría "de pobreza" y que otorgaría algún escaño más a aquellas regiones con los indicadores económicos más bajos.

Esta segunda proposición no entra dentro de las consideraciones del franco oriental (que ganaría mayor representación), que por ser las provincias más ricas, no tendrían derecho a esta compensación. A pesar de este detalle, el Comité Cívico cruceño ha revelado a Américaeconomica.com que no descarta esta alternativa. Lo que de ninguna manera están dispuestos a aceptar los miembros de este Comité es que se imcumpla la Constitución y se amplíe el número de escaños en el Congreso.

Santa Cruz y Cochabamba quieren que se actualice el censo electoral del año 2001, el que se ha utilizado para definir la distribución en estos comicios con los nuevos datos poblacionales. Unos registros con los que Santa Cruz podría aumentar su representación en 11 diputados y Cochabamba en ocho. Estas cifras romperían el principio de equidad, que asegura un mínimo de representación a cada provincia. Pero los representantes políticos orientales han reducido su demanda a cuatro y dos diputados respectivamente, precisamente para no quebrantar este fundamento. Una cesión que no es suficiente para los políticos occidentales.

Pese a las diferencias, ambos bandos están convencidos de que las negociaciones van a ser un éxito. El interés por llegar a un acuerdo también ha motivado que los comités occidentales suspendan sus protestas. Unas manifestaciones que se traducían en la toma de algunos edificios públicos en la capital y en bloqueos de las principales carreteras entre La Paz y el resto de las provincias.

El principio de acuerdo entre oriente y occidente también ha supuesto un respiro para el Gobierno de Eduardo Rodríguez. El Ejecutivo estaba verdaderamente preocupado por si el conflicto derivaba en un aplazamiento de las elecciones. El retraso supondría otra demora en las previsiones del mandatario, que se había comprometido, tras la renuncia de Carlos Mesa, a ocupar la Presidencia transitoria de Bolivia sólo hasta que se celebrasen unas nuevos comicios. El pasado mes de junio, Rodríguez acordó con todos los partidos políticos la convocatoria de las elecciones generales para el mes de diciembre. Un compromiso que también fijaba su retirada en enero de 2006.

Pero la intensa crispación que ha provocado este conflicto autonómico y las sugerencias de los presidentes de las cámaras bolivianas para retrasar la cita en las urnas hasta 2007 (fecha en la que terminaría la actual legislatura parlamentaria, que comenzó en 2002), han llevado a Rodríguez a sospechar que podría ocurrir lo peor. Por eso, ha llegado incluso a amenzar con dimitir de su cargo si los miembros del Congreso optaban por retrasar las elecciones.

Si el mandatario cumpliera con su anuncio y se retira de la Presidencia, la estabilidad política de Bolivia volvería a tambalearse. También se celebrarían elecciones, pero no generales, sino a presidente y vicepresidente, para cumplir con el final de la legislatura.

Tal vez esta amenaza haya sido el verdadero detonante que ha hecho reaccionar a los representantes autonómicos. Se ha dado el primer paso y ahora todo depende del diálogo entre oriente y occidente. Unas negociaciones que, como todas, necesitan que al menos una de las partes ceda. No se sabe quién lo hará o si cederán los dos bandos. Inmerso en esta incertidumbre, el pueblo boliviano espera el acuerdo.