Cinco años después del estallido de la “burbuja tecnológica” en Wall Street, sus secuelas aún permanecen. Los supervisores y la Justicia han realizado parte del trabajo, pero muchos inversores aún no han recibido las compensaciones a las que tienen derecho.

Los culpables, compañías, altos ejecutivos y bancos de inversión han sido sancionados. Y el dinero de las multas, sanciones y acuerdos extrajudiciales se ha recaudado. Pero la suerte de los beneficiarios finales parece depender de la eficacia del organismo encargado de cerrar su caso. Y, curiosamente, es la Comisión de Valores (SEC), la institución más directamente implicada en la persecución de los escándalos bursátiles, la que ha demostrado menos eficiencia en este aspecto.

Según los datos de un informe del Comité de Auditoría del Congreso, desde 2002 hasta el primer semestre de 2005 la SEC ha recibido 4.800 millones de dólares (4.027 millones de euros) procedentes de los infractores implicados en 75 casos de actuaciones fraudulentas. Pues bien, en ese mismo periodo de tiempo sólo ha conseguido hacer llegar a su destino las indemnizaciones correspondientes a tres de ellos por un valor de 60 millones de dólares (50,33 millones de euros), un 1% del total.

Y, ¿qué ha hecho el supervisor de Wall Street con el resto del dinero? Nada ilegal, ni beneficioso. Según la legislación federal contra el fraude corporativo, aprobada con carácter de urgencia en 2002 para detener la sangría de credibilidad que los escándalos habían provocado en las bolsas, los fondos deben ser depositados en una cuenta de la FED, que no contempla ningún pago de intereses sobre este inmovilizado.
De modo que no hay dudas. La SEC no saca ningún partido monetario de la demoras. Entonces, ¿por qué no entrega el dinero?

Supervisor. Según algunos expertos consultados por este diario quizá el problema no sea del supervisor. Sea más bien de unas normas elaboradas a toda prisa que no tuvieron demasiado en cuenta a los pequeños inversores, a pesar del espíritu que, teóricamente, las alentaba. Más aún, muchos de los afectados, probablemente, ni siquiera sepan que tienen derecho a recibir una compensación monetaria.

Esto es así, porque en EEUU, casi todos los ciudadanos apuestan por las demandas directas, individualmente o agrupados, litigan contra las empresas o los organismos concretos y consiguen por esta vía la mayor parte de las indemnizaciones. Pero esa posibilidad no excluye la otra, de modo que el dinero retenido por la SEC también es suyo.
El problema es que antes de entregarles el dinero el supervisor bursátil tiene que identificarles. Y esa tarea no resulta fácil. Sobre todo cuando el fraude lo han cometido compañías cotizadas, cuyos anteriores responsables no eran demasiado escrupulosos con sus listados de accionistas.

Ahora la SEC baraja varias posibilidades. Entre ellas realizar una campaña publicitaria para que los afectados se dirijan a ella y soliciten su dinero. Pero, el supervisor asegura que no dispone del personal suficiente para filtrar y verificar con total certeza las reclamaciones.
Mientras el dinero sigue en el congelador. Y ya hay algún político republicano que ha lanzado la idea de darle un destino distinto al que originalmente marcaba la ley. Eso sí, benéfico y que respete escrupulosamente el interés general. ¿Quizá financiar parte de los gastos de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Rita y el Katrina? No lo descarten.