La batalla de Perú por sentar en el banquillo de los acusados al empresario Andrónico Luksic, miembro de una de las familias más ricas de Chile, ha llevado a la Justicia de este país andino a enfrentarse cara a cara con el presidente chileno, Ricardo Lagos. La disputa, que podría cristalizarse en un nuevo conflicto diplomático entre ambas naciones, se ha convertido en un proceso complicado para el Tribunal Supremo de Perú, que acusa de tráfico de influencias a Luksic y que intenta, a través de una orden de captura internacional, que cruce la frontera para poder mantener un proceso judicial en el que todas las partes implicadas estén presentes. Pero el empresario chileno ya ha dado plantón dos veces a la Justicia peruana y no tiene intención de hacer acto de presencia. El propio Lagos y el sector bancario de Chile le protegen. A él, y a sus millones.

El Supremo de Perú comenzó la investigación cuando llegó a sus manos una cinta de vídeo, grabada en 1998, en la que Luksic, junto a otros dos empresarios chilenos, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, negocian supuestos favores judiciales con el ex jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, en un litigio con la Municipalidad de Lima. Este ente local denunciaba que la productora de pasta alimenticia Lucchetti, propiedad de la familia Luksic, cerca de la zona protegida 'Los pantanos de Villa' infringía normas de ecología y su infraestructura dañaba el medio ambiente.

Además, la Municipalidad de Lima, que nunca había visto con buenos ojos el establecimiento de esta planta, acusó a la firma de Luksic de haber iniciado la construcción de su fábrica sin contar con un estudio de impacto ambiental verificado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú (Irena).

El Gobierno de Chile se ha volcado en defender al acusado, tanto, que parece ser que la Policía Internacinal (Interpol) no ha querido hacer declaraciones oficiales ante los organismos judiciales sobre el paradero de Luksic. Hasta la fecha, las dos audiencias judiciales que se han celebrado en Lima no han contado con la presencia del empresario chileno, ni con ninguno de los implicados. Pero el Poder Judicial de Perú no pierde la esperanza: el pasado jueves inició el segundo de los procesos, al que, como era de esperar, no asistió Luksic, que ya es considerado ‘reo en rebeldía’.

El único presente fue Vladimiro Montesinos, quien además de estar implicado en las negociaciones ilegales, se enfrenta a una condena de 35 años por su supuesta participación en delitos contra la humanidad durante el régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, a pesar de la intención del ex jefe de Inteligencia de asistir al acto, un cuadro de hipertensión, debido a su complicado estado de salud, le impidió continuar el proceso. El Supremo de Perú tuvo que aplazar la vista hasta el próximo 13 de octubre. Pero nadie sabe si Luksic asistirá al encuentro la próxima vez.

Discriminación. El abogado de Luksic, Claudio Grossman, ha anunciado que elevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intermedie en el conflicto. El alegato que presentará ante este organismo judicial se basa en que los acusados chilenos son discriminados por su nacionalidad. Grossman considera que la figura de ‘reo en rebeldía’ sólo se aplica en aquellos casos en los que el presunto culpable reincide en la falta de no asistir a la citación judicial, pero en el caso de Luksic y de los otros dos empresarios, la Justicia de Perú les tildó de rebeldes desde la primera vez que decidieron no acudir a la vista oral.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Perú, Walter Vázquez Vejerano, ha rechazado que los empresarios hayan sufrido un trato discriminatorio. El alto funcionario considera que los procesos de justicia en el caso de la planta Lucchetti se han llevado conforme a la ley y que no existe ninguna maniobra extraña en las decisiones del tribunal. El ministro de Justicia de Perú, Alejandro Tudelo, coincide con su colega al indicar que el Poder Judicial peruano es autónomo y debe trabajar sin influencias políticas nacionales ni extranjeras.

Por su parte, el abogado de la empresa Lucchetti, Carlos Caro, ha explicado que el delito de tráfico de influencias está recogido en el Código Civil chileno desde 1999, mientras que los hechos por los cuales se acusa a la compañía de Luksic ocurrieron un año antes. Esto supone, según Caro, que la legislación de Chile a través de la cual deben ser juzgados los empresarios de la República, no se aplica retroactivamente, es decir, las nuevas leyes no pueden regular sucesos acontecidos en el pasado. En este sentido, el portavoz del Tribunal Supremo peruano ha recordado que, independientemente de la nacionalidad de los presuntos culpables, la compañía Lucchetti está en Perú y debe someterse, guste o no, a las leyes del país.

Una extradición complicada. Después de la primera ausencia de Luksic, el Gobierno peruano tardó poco tiempo en anunciar una orden de captura internacional sobre el empresario chileno. Sin embargo, según la Interpol, la advertencia no sirve de mucho, ya que no tiene efectos prácticos en el país de residencia de los afectados. Por tanto, a Perú sólo le queda la opción de pedir la extradición de los acusados, cuyos trámites ya han sido puestos en marcha por el abogado que representa al Estado peruano, Eduardo Gutiérrez.

Pero las intenciones de Gutiérrez podrían quedarse en el aire. Para que la orden de extradición tenga efecto, además de ser aprobada por la Corte Suprema de Perú, tiene que ser también aceptada por su equivalente en Chile. El abogado de Lucchetti, Carlos Caro, ha asegurado que el Supremo chileno no aceptará la petición. De momento.

Chile, con Luksic. Con un brindis de apoyo hacia Luksic, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, y la Asociación de Bancos de la República han respondido a la orden de captura internacional emitida por el máximo tribunal de Perú. La celebración del 60 aniversario de la Asociación de Bancos fue el acto que sentó en la misma mesa a Lagos con el empresario chileno, quien también es vicepresidente de la Entidad Financiera Central de Chile, con banqueros como José Said, Luis Enrique Yarur y Mauricio Larraín. Los presentes explicaron que el encuentro estaba programado desde hacía tiempo y que el hecho de que uno de los asistentes atravesase una situación complicada con la Justicia peruana era una simple coincidencia.

El mandatario de Chile no fue el único que apoyó al magnate chileno. El presidente de la asociación, Hernán Somerville, manifestó el respaldo de la agrupación a Luksic y a los otros dos empresarios que también están acusados en la misma situación. Por su parte, el afectado valoró la actitud de sus colegas, cuya acción supone en su opinión, una ratificación de su inocencia.

Sin embargo, la prensa chilena ha publicado algunas informaciones que no han sentado muy bien a los políticos peruanos, y que podrían complicar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países andinos. Según el diario La Tercera, Lagos habría aconsejado a Luksic que no asistiese a la citación judicial en Lima. Además, el citado periódico añade que el Gobierno chileno planteó la posibilidad de que el empresario se hospedase en la Embajada de Chile en Perú en el tiempo que transcurriesen las investigaciones judiciales, en vez de en un hotel en Lima. Sin embargo, el Ejecutivo peruano denegó la propuesta al considerar que el edificio diplomático a todos los efectos está en territorio chileno.

El más rico de Chile. El magnate chileno volvió a ser el hombre más rico de Chile este año, según la revista estadounidense Forbes, que le situó en la posición número 132 en su ranking, con 4.200 millones de dólares (3.496 millones de euros).

La familia Luksic siempre ha estado sumergida en los negocios más importantes del país. Al principio de su fundación, estuvo ligada al sector minero, principalmente del cobre, uno de los recursos naturales con más relevancia en Chile. A pesar de la prohibición de desarrollo del sector privado que sufrió la República entre 1970 y 1973, el grupo Luksic aprovechó para expandir sus negocios hacia otras regiones de Latinoamérica, como Argentina, Colombia y Brasil.

Una vez terminadas las restricciones en Chile, la familia reforzó sus actividades en la minería, a través de la compañía Antofagasta Minerals, pero además diversificó sus operaciones en otros sectores, como en el de la banca, así como el de alimentos y bebidas.

Los deseos de expansión del grupo Luksic llevaron a la familia a intentar ejercer su influencia en una de las principales entidades financieras españolas: el Banco Santander Central Hispano (BSCH). Pero sus aspiraciones terminaron fracasando. Aunque el magnate chileno mantuvo un inicial pacto con el BSCH, la entidad financiera impulsó un programa para reorganizar sus actividades en el panorama internacional, que derivó en una ruptura de la alianza con Luksic y le convirtió en uno de sus principales adversarios.

El BSCH recompró al millonario grupo chileno las participaciones financieras del holding y tras esta operación se ubicó, en el primer puesto como banco no nacional de Chile.