Aunque los coletazos de los últimos ciclones han sido devastadores en las infraestructuras estadounidenses, México va intentar obtener beneficios del país vecino. El director general de la Consultoría Jurídica de Negociaciones mexicanas (CJN), Hugo Perezcano Díaz, ha anunciado que en los próximos meses insistirá a Washington para que anule las tarifas arancelarias que gravan las importaciones estadounidenses de cemento de México. De esta forma, Perezcao asegura que la Casa Blanca calmará las presiones de los constructores de EEUU, que exigen la entrada del producto mexicano debido a su bajo coste y a la carencia del mismo en el país.

Las propuestas del responsable de la CJN han sido apoyadas por el ex presidente de la Cámara de Cemento Rodolfo Ruiz que ha indicado que aunque las negociaciones con EEUU pueden ser difíciles, es importante aprovechar la coyuntura de los huracanes para presionar. Sin embargo, aún cuando el acuerdo se convirtiese en realidad, el presidente de México, Vicente Fox, tendrá que esperar 90 días para que analicen con detalle las consecuencias de estas modificaciones.

Perezcano ha recordado además que el inicio de estas negociaciones tuvo lugar el pasado mes de agosto, cuando a pocos días del paso de Katrina, representantes de la Administración de Comercio Internacional de EEUU habían planteado la posibilidad de eliminar el arancel al cemento mexicano.

Según fuentes consultadas por Americaeconomica.com, la Administración Bush recibe continuas presiones de la Asociación Norteamericana de Construcciones de Vivienda, ya que la entidad asegura que no se puede responder a la demanda de cemento, material necesario para reconstruir las infraestructuras afectadas por el desastre meterológico.

Negociaciones difíciles. Desde 1990 las exportaciones mexicanas de cemento pagan una cuota de hasta un 80% de las ventas como una medida antidumping para proteger a los productores de EEUU. A causa de esta cuota, la compra por parte del país estadounidense de cemento procedente de México han supuesto 1,24 millones de toneladas en 2004, lo que supone una disminución de un 72,5% en relación a la década de los ochenta, cuando no existía el arancel.

El Gobierno de Vicente Fox acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2003 para denunciar esta situación y pidió que se analizase si la medida antidumping estadounidense está permitida en los reglamentos del comercio mundial. La OMC respondió que el arancel impuesto por EEUU no iba acorde con la normativa del organismo internacional y solicitó su retirada. La Administración Bush, a pesar de la insistencia de los Estados de Florida y Texas no sólo no lo eliminó, sino que ni siquiera lo disminuyó.