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Lunes 17 de octubre de 2005 
 
La crisis de Nicaragua, aplazada hasta las próximas elecciones generales
 

La discusión de las reformas constitucionales que han mantenido enfrentados al presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, con el Congreso durante casi un año, podría llegar a una tregua. Daniel Ortega, el líder del Frente Sandinista de Liberación Naciona (FSLN), el principal partido de la oposición, ha asegurado que votará a favor de la Ley Marco propuesta por Bolaños, un reglamento que aplazará las modificaciones de la Carta Magna hasta las próximas elecciones generales, en enero de 2007.

Con esta decisión Ortega modifica sus alianzas políticas y se separa del Partido Liberal Constitucional (PLC), con quien domina la Asamblea Nacional. Los liberales no ven con buenos ojos la actitud tomada por los sandinistas que podría debilitar el pacto que mantenían con Ortega para limitar el poder del presidente Enrique Bolaños y conseguir el indulto del ex mandatario nicaragüense y líder del PLC, Arnoldo Alemán, quien en libertad condicional, se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel por malversación de fondos.

Ante esta situación, los liberales han condicionado su aprobación de la ley marco a que el Gobierno de Nicaragua conceda el indulto a Alemán. Una propuesta que les ha separado más de los sandinistas, que han calificado de inadmisible la medida del PLC porque la decisión es competencia del Poder Judicial.

Pero todo apunta a que la negativa por parte de liberales a dar su visto bueno a la iniciativa, que consideran inconstitucional, no afectaría a la puesta en marcha de una tregua entre las principales fuerzas políticas del país. La Constitución nicaragüense detalla que para la aprobación de una Ley Marco se requiere una mayoría simple, esto es, el voto a favor de 47 de los 91 diputados que conforman el Congreso. En este sentido, el PLC cuenta con 44 escaños, el FSLN con 37, y la formación política Azul y Blanco a favor de Bolaños, nueve. El líder de los sandinistas, Daniel Ortega, ha manifestado que la ley marco no es inconstitucional, ya que en 1995, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro aprobó una legislación similar, por lo que existe jurisprudencia.

Reformas constitucionales. El ex ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, ha reconocido en declaraciones al periódico nicaragüense El Nuevo Diario, que con el acuerdo entre el FLSN y Bolaños, Ortega reconoce que las reformas nunca tuvieron consenso y que para asegurar la gobernabilidad del país es necesario congelar las enmiendas hasta que haya un nuevo Gobierno.

La Asamblea Nacional aprobó en octubre de 2004 unas reformas a la Carta Magna que buscan recortar el poder de la Administración y trasladar al Poder Legislativo el control sobre algunos servicios públicos como el agua, la energía o las telecomunicaciones, que actualmente dirige el Ejecutivo.

 

 
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