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La
discusión de las reformas constitucionales que han
mantenido enfrentados al presidente de Nicaragua, Enrique
Bolaños, con el Congreso durante casi un año,
podría llegar a una tregua. Daniel Ortega, el líder
del Frente Sandinista de Liberación Naciona (FSLN),
el principal partido de la oposición, ha asegurado
que votará a favor de la Ley Marco propuesta por
Bolaños, un reglamento que aplazará las modificaciones
de la Carta Magna hasta las próximas elecciones generales,
en enero de 2007.
Con
esta decisión Ortega modifica sus alianzas políticas
y se separa del Partido Liberal Constitucional (PLC), con
quien domina la Asamblea Nacional. Los liberales no ven
con buenos ojos la actitud tomada por los sandinistas que
podría debilitar el pacto que mantenían con
Ortega para limitar el poder del presidente Enrique Bolaños y conseguir el indulto del ex mandatario nicaragüense
y líder del PLC, Arnoldo Alemán, quien en
libertad condicional, se enfrenta a una pena de 20 años
de cárcel por malversación de fondos.
Ante
esta situación, los liberales han condicionado su
aprobación de la ley marco a que el Gobierno de Nicaragua
conceda el indulto a Alemán. Una propuesta que les
ha separado más de los sandinistas, que han calificado
de inadmisible la medida del PLC porque la decisión
es competencia del Poder Judicial.
Pero
todo apunta a que la negativa por parte de liberales a dar
su visto bueno a la iniciativa, que consideran inconstitucional,
no afectaría a la puesta en marcha de una tregua
entre las principales fuerzas políticas del país.
La Constitución nicaragüense detalla que para
la aprobación de una Ley Marco se requiere una mayoría
simple, esto es, el voto a favor de 47 de los 91 diputados
que conforman el Congreso. En este sentido, el PLC cuenta
con 44 escaños, el FSLN con 37, y la formación
política Azul y Blanco a favor de Bolaños,
nueve. El líder de los sandinistas, Daniel Ortega,
ha manifestado que la ley marco no es inconstitucional,
ya que en 1995, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro aprobó
una legislación similar, por lo que existe jurisprudencia.
Reformas
constitucionales. El
ex ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, ha reconocido
en declaraciones al periódico nicaragüense El
Nuevo Diario, que con el acuerdo entre el FLSN y Bolaños,
Ortega reconoce que las reformas nunca tuvieron consenso
y que para asegurar la gobernabilidad del país es
necesario congelar las enmiendas hasta que haya un nuevo
Gobierno.
La
Asamblea Nacional aprobó en octubre de 2004 unas
reformas a la Carta Magna que buscan recortar el poder de
la Administración y trasladar al Poder Legislativo
el control sobre algunos servicios públicos como
el agua, la energía o las telecomunicaciones, que
actualmente dirige el Ejecutivo.
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