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Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha convertido en
el centro de atención de la mayor parte de los agentes económicos y
políticos de México. Después de que el presidente del país azteca,
Vicente Fox, decidiese dar la espalda a la reforma fiscal de la
petrolera estatal, cuyo fin era aliviar su carga impositiva, los
principales políticos miran ahora hacia el capital privado. Una
opción que algunos ven con sienten cierto recelo y otros, como una
forma de romper el monopolio durante décadas en el sector
energético. Pero mientras esto se discute, Pemex sigue sin haber
encontrado solución a su agujero económico: el pasado marzo, su
deuda total acumulada ascendía a 515.890 millones de pesos (32.266
millones de euros).
Fox se ha propuesto como una de sus principales
metas, antes de dejar el trono del Ejecutivo tras las elecciones
generales de 2006, impulsar la industria energética nacional. Y
puesto que la reforma fiscal de la paraestatal que el Congreso
aprobó el pasado mes de julio no le convenció, por los 6.000
millones de dólares (5.396 millones de euros) que podría dejar de
recibir el fisco en concepto de impuestos y derechos de Pemex, ha
propuesto al Poder Legislativo abrir la petrolera al capital
privado.
Una iniciativa que, según el portavoz
Presidencial, Rubén Aguilar, busca complementar la inversión pública
con la privada en la exploración, explotación, y actividades
relacionadas con el gas natural no asociado al petróleo. Además,
según el Ejecutivo mexicano, estas medidas también permitirían
mejorar la seguridad en las infraestructuras destinadas a la energía
y remodelar los conductos e instalaciones de Pemex.
Sin embargo, Fox se encuentra con una
importante barrera para poder sacar su objetivo adelante: la
Constitución mexicana otorga a Pemex, precisamente el monopolio de
las labores de exploración, explotación, almacenamiento y
distribución de la energía dentro del país. Por tanto, el líder del
Ejecutivo ha propuesto al Congreso reformar los artículos de la
Carta Magna que abarquen esta materia. Fox considera que con su
medida el Estado no perderá el control de Pemex y se podrá superar
la crisis energética por la que atraviesa la República, tras las
últimas catástrofes naturales que han elevado el precio del barril
internacional de crudo, así como renovar la infraestructura de la
petrolera.
Pero los principales partidos de la oposición,
no se lo van a poner fácil. La Norma Fundamental de México, también
recoge en su artículo 135, que para reformar el Texto, es necesario
que el Congreso, con el voto de las dos terceras partes aprueben las
reformas planteadas desde el Ejecutivo. De los 500 escaños que
componen la Cámara de los Diputados, 222 son ocupados por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que se oponen a las medidas de
Fox al considerar que las intenciones del Ejecutivo buscan
privatizar Pemex.
Cambios en el Gobierno. En
medio de la discusión entre el mandatario mexicano y el Legislativo,
el secretario de Energía (Sener), Fernando Elizondo, ha presentado
su dimisión, ya que quiere asegurarse un escaño en el Senado
mexicano tras las próximas elecciones. No obstante, la salida de
Elizondo de la Sener podría albergar otros motivos, según algunos
periódicos locales. El ex secretario de Energía fue el impulsor de
la reforma fiscal de Pemex, y podría haber abandonado su cargo por
la negativa de Fox de aprobarla.
Por suerte para el presidente de México, el
nuevo responsable de la Sener, Fernando Canales, está a favor de la
privatización de la paraestatal, con el fin de reducir la deuda
económica de la petrolera. Así lo demostró el pasado lunes durante
el Congreso Euroamericano de Energía que se celebró en Madrid, al
admitir que sin inversión privada, Pemex no podrá afrontar más
planes de exploración.
Lo que Canales tiene claro es que no se puede
permitir que una empresa estatal que genera 800.000 millones de
pesos anuales (62.621 millones de euros) haya operado, en su
opinión, sin control durante más de 60 años y sin informar sobre sus
cuentas. Por ello, el secretario de la Sener ha propuesto que la
Subsecretaría de Hidrocarburos supervise todas las actividades que
realice la petrolera, desde la exploración hasta las labores de
producción de crudo y gas, que incluyen transporte, almacenamiento,
distribución y ventas. Según funcionarios de la Sener, esta
iniciativa ha funcionado con éxito en Noruega, Brasil y Canadá,
países en los que un ente autónomo determina los planes de trabajo
que la industria debe seguir para obtener el mayor beneficio
posible.
El sueño de Slim. El magnate
mexicano Carlos Slim ha visto en esta disputa sobre la forma de
solucionar la crisis económica de Pemex, una oportunidad para
ampliar su imperio empresarial. El pasado 29 de septiembre, Slim,
junto a otros grandes empresarios presentó un proyecto con el fin de
impulsar el crecimiento de México y fortalecer la democracia de la
República. El documento, titulado “Acuerdo Nacional para la Unidad,
el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo”,
pretende llegar a ser un plan de gobierno para el candidato que gane
las próximas elecciones Presidenciales. En él, Slim no se olvida de
Pemex y detalla la necesidad de abrir la petrolera estatal a la
privatización, un sueño por el que siempre ha suspirado el
presidente de Telmex.
Pero el favorito para la Presidencia de México,
Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) le ha dicho a Slim que no quiere oír nada sobre
privatizar Pemex. Aunque el aspirante perredista ha valorado el
informe que ha presentado el magnate mexicano, López Obrador
considera que dará su apoyo a Slim siempre y cuando se añada una
cláusula especial en la que se asegure que no se privatizará la
industria energética.
Roberto Madrazo, uno de los aspirantes del PRI
al trono del Ejecutivo, la formación política que tiene mayoría en
el Congreso y el Senado mexicano, también coincide con Obrador en no
romper el monopolio de Pemex, una empresa que en su opinión se debe
convertir en la locomotora del país. Sin embargo, no rechaza de
manera tan radical la aparición de capital privado en la petrolera
estatal.
Madrazo ha propuesto la creación de una
compañía dependiente de Pemex, dedicada a las labores y de
extracción y gas, y sacar el 20% de sus acciones a Bolsa. Una
iniciativa que permitirá la entrada de capital extranjero en la
productora de petróleo sin romper su monopolio.
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