El conflicto autonómico boliviano se ha extendido una semana más, sin que haya surgido solución alguna y sin que se haya producido un acercamiento entre las partes enfrentadas. La última novedad ha sido la toma de postura del presidente Eduardo Rodríguez, que ha presentado formalmente una propuesta para hacer una distribución de los escaños que se disputan las regiones enfrentadas.

La intervención del mandatario ha sido una sorpresa, hasta ahora sólo había actuado a través de amenazas, en las que advertía que dejaría su cargo si las elecciones generales, previstas para el 4 de diciembre, no se realizan en el plazo previsto.

El presidente ha establecido como fecha límite el próximo lunes. Si ese día los bandos enfrentados no han conseguido un acuerdo común, el mandatario sugerirá en el Congreso que Santa Cruz se sume dos diputados, Cochabamba uno y Potosí, La Paz y Oruro pierdan un asiento en el Congreso.

El propio Rodríguez ha definido este esquema de reparto como una solución en la que "los que piden más se conformarían con poco y los que pierden mucho se conformarían con perder poco". Además, Rodríguez ha asegurado que éste sería un "acuerdo razonable" que está sustentado en el principio de equidad y justicia.

Pero hasta el próximo lunes, los representantes políticos de las provincias implicadas seguirán negociando. De momento, el diálogo ha sido un fracaso, cada una de las partes está firmemente posicionada. Las posturas que manifiestan Santa Cruz y Cochabamba, las regiones que aumentarían su representación, y las de Potosí, La Paz y Oruro, las que perderían, son totalmente opuestas.

Las autonomías desfavorecidas se niegan a perder escaños y exigen que se modifique la Constitución para ampliar el número total de diputados en el Congreso. Un método que satisfacería la demanda de las provincias orientales, pero sin que las occidentales salgan perjudicadas.

En contra, Santa Cruz y Cochabamba se oponen a aceptar el cambio constitucional. Argumentan que no quieren salirse de la legalidad vigente. Las reuniones que comenzaron el sábado pasado entre ambos frentes están estancadas en este punto.

En un principio, el Gobierno y los presidentes de las cámaras bolivianas optaron por que las provincias acordaran un modo de reparto de los escaños y lo presentaran de forma conjunta en el Congreso. El Ejecutivo y el Legislativo ofrecieron esta posibilidad a los representantes autonómicos después de acordar que las elecciones se celebrarán en la fecha prevista y que se iba a ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que insta a los cambios en las asignaciones de escaños.

En ese pacto también aseguraron que la nueva distribución se iba a hacer con 'equidad', para que cada una de las provincias tuviera una mínima representación en el Congreso. Pero a partir de ahí, no existe ningún punto más en común.

A los negociadores de las dos brigadas autonómicas se les acaba el tiempo. Están obligados a suscribir un pacto antes del lunes, en caso contrario, sus exigencias serán supeditadas por el modelo de distribución que ha presentado Eduardo Rodríguez. El mandatario va a pasar las tensas horas de diálogo lejos del país, ha viajado a España, a la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca. A su vuelta, se puede encontrar dos cosas: que las autonomías hayan consensuado una postura común o que el enfrentamiento se haya subido de tono. Ante esta segunda posibilidad, Rodríguez ya tiene claro lo que va a hacer.