La banca venezolana respira aliviada. El Gobierno ha devuelto a la Asamblea Nacional la "ley de tarjetas" que pretendía regular y fomentar el uso del dinero plástico y que no gustaba a los bancos. Ahora la Asamblea tendrá que rescribirla eliminando los puntos más críticos.

El informe del Gobierno aún no se conoce en su totalidad. Sin embargo, se sabe que las críticas de Hugo Chávez atañen muchos de los puntos que también habían sido cuestionados por los bancos. Uno de ellos, según revelaron a Americaeconomica.com fuentes financieras venezolanas, es la obligación para los bancos de limitar el interés sobre préstamos para bienes de primera necesidad al 50% de los tipos oficiales establecidos por el Banco Central de Venezuela (BCRV). Los bancos tachaban de imposible esta medida, ya que la entidad no puede saber lo que su cliente compra en un gran almacén que vende de todo, desde alimentos hasta alcohol o productos de consumo. Chávez, al parecer, ha motivado su rechazo con que esta medida fomentaría el endeudamiento de las familias pobres que se verían estimuladas a comprar más de lo que necesiten ya que pueden aplazar los pagos con sus tarjetas. Razones diferentes, pero la misma conclusión.

Otra de las cuestiones más criticada por la banca era la prohibición para las entidades financieras de intercambiar información sobre los clientes. Las entidades financieras denunciaron que esta medidas provocaría con toda probabilidad un incremento de la morosidad, lo que a su vez repercutiría sobre un aumento del coste del crédito. Cabe destacar que la banca venezolana ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para reducir su ratio de mora. A finales de 2000, éste se situaba en el 5,2%, se elevó hasta el 6,9% en 2002 pero desde entonces comenzó a descender hasta situarse en el 1,4% a finales de agosto de este año, según los últimos datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). En el mismo periodo, la ratio de cobertura de los activos dudosos ha pasado desde el 132,1% hasta el 208,8%.

Igualmente, el sector bancario se había mostrado contrario a la eliminación de las comisiones sobre los terminales ATM de los comercios ya que, en opinión de las entidades, esta situación provocaría en el medio plazo la disminución de estos terminales ya que los bancos no tendrían interés en proporcionarlos a las tiendas. Fuentes bancarias destacan que si las entidades no obtienen beneficios de los ATM, dejarán de impulsar su difusión y esto a su vez bloqueará el desarrollo del dinero plástico en el país. Y esto es exactamente lo opuesto de lo que se proponía la ley aprobada por la Audiencia Nacional.

Sin leer los informes. La ley de tarjetas ha sido impulsada por los diputados Darío Vivas y Elvis Amoroso del Movimiento V República (MVR), el partido de Chávez. La propuesta ha sido aprobada en primera y segunda discusión en la Asamblea Nacional, conformada por una amplia mayoría oficialista. Todo iba como debía, hasta que el propio Chávez intervino para pedir al poder legislativo que revisara la ley. ¿Qué pasó?
Según fuentes conocedoras de la situación política venezolana, los impulsores de la ley buscaron el consenso fácil con medidas populistas como la eliminación de las comisiones sobre las tarjetas. La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), así como los responsables de los principales bancos del país mantuvieron diversas reuniones para detallar sus críticas a la ley. Sin embargo, los diputados siguieron adelante con su plan "sin hacer caso a las críticas constructivas y a los informes que les proporcionó el sector. "Pero por suerte en el Gobierno hay gente que razona y se da cuenta que esto a largo plazo dañaría el sistema financiero del país", añaden estas fuentes.
Los bancos venezolanos prefieren no pronunciarse públicamente sobre este tema. Sin embargo, fuentes bancarias que prefirieron mantener el anonimato han admitido su satisfacción por la decisión de Chávez de no avalar "una ley leonina con los bancos. Este rechazo es un primer paso" concluyen.

Flexibilidad. El rechazo a la Ley de Tarjetas no es la única señal "positiva" que el Gobierno de Hugo Chávez ha enviado a los bancos. El presidente de Sudeban, Trino Alcides Díaz, ha anunciado esta semana que el Ejecutivo será flexible con las entidades sobre el tema de la cartera hipotecaria. La ley impone a las entidades que destinen por lo menos el 10% de su cartera crediticia bruta a financiación hipotecaria con tipos de interés reducidos. Sin embargo, según admitió el propio Alcides Díaz, parece difícil que este año las entidades puedan cumplir con esta obligación.
El superintendente dijo que este incumplimiento se explica con el retraso con el que el Ministerio de Vivienda trasfirió los subsidios a la banca para la cartera hipotecaria. Además, añadió que los bancos han cumplido con creces en la concesión de préstamos a agricultores y microempresarios, dos de las otras dos carteras obligatorias de préstamos que el Gobierno ha impuesto a los institutos de crédito y a las que hay que añadir la de los créditos al turismo. En total, estos préstamos tienen que cubrir el 31,5% del total de la inversión crediticia bruta de las entidades financieras venezolanas.
Alcides Díaz también ha querido tranquilizar a los bancos asegurando que el Gobierno no se plantea realizar más intervenciones después de la que hizo en Banplus el pasado 7 de octubre. El superintendente explicó que la intervención de Banplus es debida a las "graves anomalías administrativas" que se producían en la entidad desde hace más de un año. Sudeban, dijo el superintendente, no ha detectado anomalías similares en otros bancos, así que no hay razones para pensar que el Gobierno quiera intervenir a otras entidades.

Más bonos, menos peligro. La banca compra cada vez más deuda pública en Venezuela. Según los datos de agosto, los bonos en manos de los bancos sumaban 9.977 millones de euros, lo que supone un 53,4% más que en 2004 y más del 34% de los activos totales. Sin embargo, más del 71% de estos bonos son considerados "líquidos", ya que se trata de emisiones a corto plazo o disponibles para la venta. Además, los indicadores de solvencia y liquidez de Venezuela han ido mejorando hasta el punto que este año Standard & Poor's ha elevado dos veces el rating de la deuda hasta situarlo en "B+".