Algo está pasando en el mundo para que el concepto de justicia se esté convirtiendo en algo amorfo y sin sentido alguno. Cuba, tan propensa a determinados tremendismos -algunos atinados y otros no tanto-, acaba de conmemorar un horrendo acto de terrorismo sobre un avión civil DC-8 de la aerolínea de bandera del país, Cubana de Aviación, que ocasionó la muerte a 74 pasajeros -cuya inmensa mayoría era natural de Cuba- en Barbados el 6 de octubre de 1976.

El mismo día del fatídico aniversario volvieron a ocupar cámaras los familiares y las sinceras declaraciones no hacían otra cosa que reclamar justicia. Y no se trata de un crimen sin culpable, sino de un atroz acto de terror cuyo principal promotor ahora mismo goza de la protección del Gobierno de EEUU bajo el amparo de la kilométrica disposición internacional de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, 1984) que prohíbe “la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

Luis Posada Carriles, de 77 años, cubano de nacimiento y de ciudadanía venezolana, fue el autor de tamaña masacre gracias también al apoyo de otros “anticastristas” incapaces de volar el avión del Comandante pero sí ensañarse con un vuelo civil que no llevaba a ningún militar a bordo.

Vaya acción heroica y vaya tino el de los jueces gringos de impedir la extradición hacia Venezuela por temor a que Chávez le torture. Posada no precisa de torturas, sino un proceso judicial que los paladines internacionales del terrorismo se niegan a poner en marcha. Un caso más en el que la justicia se viste del oficio más viejo de la tierra...