Después de casi un año de discusiones sobre las reformas constitucionales entre el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y el Congreso, los habitantes nicaragüenses podrán opinar sobre el conflicto. Aunque en los últimos días, la aprobación de una ley marco que aplaza las modificaciones de la Carta Magna hasta enero de 2007 ha suavizado el clima de los enfrentamientos, la Asamblea Legislativa estudiará esta semana la elaboración de un reférendum en el que se incluya, entre otros temas, la opinión ciudadana sobre las enmiendas a la Constitución.

Sin embargo, hasta el momento todavía no están definidos cuáles serán exáctamente los términos de la consulta popular. Según Daniel Ortega, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el principal partido de la oposición, el reférendum además de mencionar las reformas constitucionales, debe hacer alusión a temas de órden económico y social.

Además, el mandatario sandinista aprovechará la ocasión para saber qué opina el pueblo sobre su forma de Gobierno, centrada en la creación de asambleas de poder ciudadano. Para Ortega, ese mecanismo aumentará la participación del pueblo nicaragüense, que se encargará de manifestar al presidente o alcalde a priori cuáles son las principales necesidades de los habitantes. El líder del FSLN anunció que en las alcaldías donde ganen los sandinistas se llevará a cabo esta iniciativa.

Pero antes de que el referéndum se convierta en una realidad, la ley electoral actual establece que se requiere la firma de 50.000 ciudadanos de Nicaragua y el apoyo de un tercio de los 91 diputados que integran la Asamblea Nacional.

La ley marco. En la consulta principal cobrará especial importancia la pregunta referida a ley marco que se aprobó en la Asamblea Nacional la semana pasada. En virtud de esta norma, las reformas constitucionales que aprobó el Congreso nicaragüense en octubre de 2004, tendrán que esperar a las próximas elecciones presidenciales para ser aplicadas.

De esta forma se ha encontrado una solución temporal a la crisis de gobernabilidad fruto de la batalla que mantiene el Poder Legislativo contra Bolaños, quien se negó a ratificar las modificaciones a la Carta Maga al considerar que limitaban el poder del Gobierno.