El Congreso de Nicaragua todavía no ha decidido qué hacer con 651 misiles SAM-7 de los 1.100 que guarda el ejército del país en sus almacenes y cuya destrucción reclama EEUU por miedo a que caigan en manos de terroristas. De momento, el Poder Legislativo discutirá esta semana una propuesta del gobernante Partido Liberal Constitucional (PLC), que tiene 53 de los 91 escaños del Plenario, para reformar la Ley de Armas, con el fin de que se reduzca de 56 a 47 el apoyo de los diputados necesarios para aceptar su destrucción. Una medida sobre la que los sandinistas, que ocupan 38 asientos, no parecen estar de acuerdo.

La primera secretaria de la Asamblea Nacional, María Auxiliadora Alemán, del PLC, asegura que es necesario reducir el número de votos en la iniciativa para destruir los misiles, ya que forma parte de una ley ordinaria. Sin embargo, desde el principal partido de la oposición, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), piden cautela en la destrucción de armamento porque, en su opinión, sirve para proteger la soberanía y el espacio aéreo del país.

La decisión de reformar la ley se produce días después de que EEUU anunciase que reactivará la ayuda militar de 2,3 millones de dólares (1,9 millones de euros) a Nicaragua con la confianza de que elimine más cohetes. La Casa Blanca suspendió esta contribución el pasado mes de julio, después de que los partidos de la oposición rechazasen la solicitud que presentó en marzo el mandatario nicaragüense, Enrique Bolaños, de destruir los 651 misiles Sam-7.

El ministro de Defensa, Avil Ramírez, confía en que el Congreso apruebe por fin la destrucción de los misiles y cumplir así con el Gobierno de EEUU. Una opinión que ha sido respalda por el embajador estadounidense en Managua, Paul Trivelli, quien ha declarado a la prensa local que Nicaragua debe deshacerse del armamento.

Temor estadounidense. EEUU ha mostrado su preocupación en varias ocasiones ya que teme que los artefactos, de origen soviético, puedan caer en manos de terroristas. Además, los misiles son capaces de derribar aviones comerciales y se pueden lanzar desde el hombro de cualquier persona.

Sin embargo, el Ejército de Nicaragua ha asegurado que tanto expertos nacionales como de Rusia han constatado que el armamento está guardado bajo excelentes medidas de seguridad y que su preservación no supone ningún peligro para la seguridad del país.