Tras unos meses de silencio, Washington vuelve al ataque con su polémico proyecto de reforma fiscal que un grupo de expertos, cercanos al presidente, lleva elaborando desde hace casi tres años. A esta propuesta se le augura un tránsito difícil en las cámaras porque ataca directamente los intereses de la clase media, al eliminar casi todas las desgravaciones, y beneficia con claridad a las rentas altas que conseguirán, de nuevo, una fiscalidad más favorable.

Además, su tramitación se producirá en 2006. Un año de elecciones legislativas y parciales en EEUU. En ellas, 36 de los 51 gobernadores se juegan la reelección. También se renueva todo el Congreso y un tercio del Senado.

Quizá por eso, algunas de las grandes ideas incluidas en el informe del panel, que llegará al Congreso el próximo 1 de noviembre, resultan directamente inaceptables para los demócratas. Y también para buena parte de los parlamentarios de la mayoría republicana. Sobre todo porque la única medida social prevista es que las pensiones asistenciales queden exentas del pago de impuestos. Una munición muy escasa para el duro combate que se avecina.

Los críticos del partido de Bush no comparten la opinión de que el electorado preste una atención especial a la propuesta de hacer desaparecer la tasa alternativa mínima (TAM). Una norma que establecía una cantidad mínima a los impuestos de los contribuyentes que ingresarán más de 47.000 dólares al año (39.134 euros). Por mucho que al aplicar las normas tributarias consiguieran cuadrar una factura más reducida. Un proceso que gustaba muy poco a quienes lo sufrían en sus bolsillos. Por eso su erradicación será, según el entorno de Washington, el gran argumento que asegura la cuota populista del proyecto.

Para muchos correligionarios del presidente éste es un nuevo error de cálculo. Entre otras cosas porque esos ingresos anuales no los gana tampoco el ciudadano medio. Ahora el panorama es muy distinto al de 2002, cuando se celebraron las anteriores locales y legislativas parciales. Entonces la resaca del 11-S concedió al presidente Bush una gran popularidad (hoy estancada en el 35%) y su amparo fue suficiente para que el Partido Republicano triunfara sin paliativos . Está claro que, en principio, la coyuntura no es semejante hoy por hoy.

Si contar con que en un contexto en el que la devastación provocada por los huracanes ha puesto de manifiesto el deterioro de las infraestructuras, el ataque democráta contra la eliminación de la TAM puede "calar".

La propuesta ya ha sido calificada de irresponsable por los demócratas que asegura que tendrá un costo para las arcas públicas de 1,2 billones de dólares (999.820 millones de euros) en 10 años, un dinero que, en la actual situación que obliga a realizar nuevas inversiones públicas sólo podrá conseguirse aumentando sustancialmente el endeudamiento del Tesoro.

Y no es la única contradicción visible en el proyecto. Según los expertos del panel la necesidad de aumentar la recaudación fiscal les ha llevado a proponer la eliminación de algunas desgravaciones históricas de las que se veían beneficiadas las clases medias. Por ejemplo, se propone que desaparezcan los estímulos fiscales a la contratación individual de seguros médicos o a la amortización de hipotecas. Pero si es así, resulta muy complicado entender que se haya decidido a la vez liberar de casi cualquier carga a las rentas de capital.

La idea de eliminar completamente las deducciones correspondientes a los pagos de los impuestos locales (estatales y municipales) es una de las partes más controvertidas del proyecto. Los demócratas de Nueva York la han calificado de intento alevoso de robar 12.000 millones de dólares (9.990 millones de euros) a los neoyorquinos.

Y desde el entorno de Michael Bloomberg, actual alcalde de la Gran Manzana, se han deslizado críticas, sutilmente innominadas, en los principales medios de comunicación de la ciudad. Una reacción lógica en alguien que también debe acudir a las urnas el año que viene.

La tormenta política quizá no era difícil de prever. Las filtraciones del proyecto han provocado un intenso debate en los medios de comunicación del país, tradicionales y nuevos. Los "blogs" arden, pero también la prensa de papel. Con una característica común.

De momento, el plan de reforma fiscal ha recolectado muy pocos apoyos. Se comprende. Además de eliminar las deducciones, la factura de las familias se verá aumentada por otra vía indirecta. Una nueva tasa federal sobre el consumo privado, similar al IVA europeo, con un tipo fiscal variable, según la clase de producto. Esta recarga se sumará a los impuestos que los estados ya cobran por este concepto a los consumidores.

Sin embargo, como decíamos al principio, hay colectivos que salen muy beneficiados con esta reforma. Especialmente los que tienen rentas más altas. El proyecto plantea rebajar en dos puntos porcentuales el tipo máximo actual hasta dejarlo en un 32%, mientras los eleva en el mínimo que se situará en el 15% (En España, por ejemplo, estas cifras están situadas en el 45% y el 15%, respectivamente).

Además las únicas rentas de capital que tributarán fuera del IRPF serán las correspondientes a las ventas de acciones, aunque quedan libres las tres cuartas partes de las plusvalías conseguidas si el tenedor ha mantenido los títulos más de un año. También se eliminan por completo los impuestos vigentes sobre los dividendos percibidos y se aplica una exención total líneal de 600.000 dólares para las parejas y 500.000 dólares para los individuos sobre el dinero conseguido con la primera venta de una propiedad inmobiliaria que se realice.

El proyecto de reforma del Impuesto de Sociedades también ha suscitado polémicas. Hay cierta coincidencia en la idea de rebajarlo desde el 35% actual al 32%, lo que haría que estuviera un punto porcentual por debajo del tipo máximo del IRPF.

Pero Washington quiere además, cediendo a la fuerte campaña realizada por los grupos de presión empresariales, aprobar una exención total para los ingresos que las multinacionales consigan en el exterior del país.

O lo que es lo mismo mejorar y convertir en permanente la actual “amnistía” que en los ejercicios fiscales 2004 y 2005 se aplica a la repatriación de beneficios a la que se impone un tipo de sólo el 5,25%, según las disposiciones de la Ley Americana de Creación de empleo aprobada en 2004.

Aquel texto obligaba a las empresas que quisieran aprovechar la fiscalidad favorable a invertir el dinero en proyectos capaces de generar puestos de trabajo.
Ahora este requisito también sería eliminado con el argumento de que una mayor flexibilidad para que las empresas decidan como quieren invertir en el país el dinero que traen será mas positiva para el empleo.

Además, por el momento, las previsiones de Washington sobre el dinero repatriado no se han cumplido. Sólo se ha regresado un 41,5% de los 421.000 millones de dólares (350.424 millones de euros) que los asesores de Bush esperaban. Por eso ahora quieren eliminar todas las barreras.

A cambio, el equipo del presidente promete endurecer las investigaciones encaminadas a detectar los fraudes cometidos gracias a la creación de empresas pantalla en paraísos fiscales. Pero la oposición dice que con inspecciones o sin ellas, el agujero en el sistema que se va a producir escapará de cualquier control y acabará perjudicando a los ciudadanos.