El Gobierno de Costa Rica no tiene recursos suficientes para enfrentarse a los destrozos originados por los últimos huracanes, valorados en más de 163 millones de dólares (135 millones de euros). Así lo ha confesado el presidente costarricense, Abel Pacheco, quien asegura que es necesario aprobar la reforma fiscal que presentó hace tres años al Congreso, que tiene por objetivo reducir los procesos de inflación que vive el país. Sin embargo, los efectos que se producirían al aplicar los ejes principales del proyecto basados en el aumento del gravamen sobre algunos servicios, como la sanidad o la educación, y la modificación del impuesto sobre la renta no son aceptados por todos los diputados del Legislativo.

Pacheco ha reconocido que las autoridades hacen los posible con la inversión de unos 880.000 dólares (732.601 euros) en labores de mitigación y ayuda humanitaria, así como poco más de siete millones de dólares (cinco millones de euros) en reparación básica de vías. Pero el presidente de Costa Rica asegura que es insuficiente y por ello ha pedido a los legisladores que doten a su Gobierno de ingresos sanos como los que producirá la reforma fiscal.

Un informe presentado en el pasado mes de julio por el ministro de Hacienda, Federico Carrillo, detalla que el 70% de los ingresos que se genere con la aprobación de este proyecto se destinarían a reducir el incremento de los precios, mientras que el 30% restante se invertiría en áreas prioritarias de desarrollo del país como las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, uno de los principales opositores en la Cámara Legislativa, el partido del Movimiento Libertario, dirigido por Otto Guevara, considera que el aumento de impuestos recaerá sobre la masa pobre de la población y además generará dificultades para atraer la inversión extranjera que Costa Rica necesita para renovar sus infraestructuras.

El proyecto fue presentado en el Asamblea Legislativa en el 2002 por el presidente de la República, Abel Pacheco, pero estuvo estancado en la Cámara debido a las diferentes mociones presentadas por los diputados quienes consideraban que el proyecto poseía incoherencias con el sistema jurídico costarricense.

En este sentido, el director general de Tributación del Ministerio de Hacienda, Francisco Fonseca expuso que antes de que se aprobase una renovación del reglamento del Congreso este año, el derecho de enmienda era demasiado amplio y permitía que con la oposición de una minoría el plan no saliera adelante.