La investigación que realiza en estos momentos la SEC, el supervisor bursátil de EEUU, sobre la habilidad del líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, para vender sus acciones de Hospital Corporation dos semanas antes de que el precio bajara un 9%, está ocupando mucho espacio en la prensa generalista estadounidense.

Frist insiste en que no manejaba información privilegiada. Más aún, el senador asegura que realizó la venta para no enfrentarse a un posible conflicto de intereses, sabedor de que la presencia de su hermano Thomas en el consejo de la empresa podía ser malinterpretada.

De hecho, según su versión fue una casualidad que quince días después de que el vendiese sus títulos, valorados en unos dos millones de dólares, la compañía publicara un comunicado oficial en el que anunciaba que no iba a poder cumplir sus previsiones de beneficios trimestrales.

Una coincidencia. Y también fue una coincidencia que cuando el pasado 13 de junio le dio la orden de vender al “trust” ciego que maneja sus cartera, las acciones valieran 58,60 dólares, justo el máximo del año.

Según Frist, que aspiraba a ser el candidato republicano a la presidencia en 2008, jamás ha estado al tanto de la forma en que los gestores de su cartera la manejaban. Lo malo es que hoy, una investigación del Washington Post plantea serias dudas sobre esta versión. Según el periódico, desde 2001 Frist recibió al menos once cartas de su broker con el detalle completo de sus inversiones. De momento, el senador no ha hecho comentarios sobre está información.

Pero, quizá arremeter ahora contra Frist no sea del todo correcto. Un reciente Informe de la Universidad del Estado de Georgia demuestra que en el último lustro la revalorización de las carteras de los senadores han superado en un 12% las conseguidas por los principales índices. Toda una hazaña que sitúa el olfato de los cuidadores de sus carteras en una dimensión que no parece fácil de alcanzar ni para los mejores gestores de fondos del país.

Información privilegiada. O es eso, o es, como muchos piensan, que los parlamentarios estadounidenses disponen de información privilegiada y suelen compartirla con los responsables de los “trust” donde están depositados sus títulos de renta fija y variable.

Lo que quizá explique el silencio que sus compañeros en la Cámara Alta, tanto republicanos como demócratas han mantenido estos días desde que se supo que la Fed investigaba a Frist. La estrecha relación entre los grupos de presión empresariales y los parlamentarios ha dado siempre pie a este tipo de especulaciones. Pero, ciertamente, no resulta fácil encontrar el rastro de las posibles ilegalidades.

Al menos no tan directamente como cuando son los propios consejeros o directores generales de una empresa los que realizan la operación. Así que sea cual sea la suerte que corra Frist, sus colegas podrán seguir tranquilos en ese aspecto. No tanto en el político, porque si el Departamento de Justicia termina presentando cargos contra él, los republicano pueden encontrarse sin líderes parlamentarios ni en el Congreso, donde Tom Delay ha tenido que abandonar su puesto para hacer frente a una acusación de malversación de fondos electorales, ni en el Senado.

Y todo ello, mientras el cerco que mantiene el fiscal especial Patrick Fitzgerald sobre la Casa Blanca por haber desvelado la identidad de una agente secreta de la CIA se estrecha cada vez más.