La presentación de los últimos resultados de las petroleras estadounidenses ha desencadenado una tormenta social y política en EEUU. En un momento en el que los precios de la gasolina se sitúan en cifras históricas, las ganancias del sector despiertan recelos entre la castigada población.

Algunos columnistas señalaban hoy que el ambiente político parecía reeditar los protagonistas y los escenarios de 1974 cuando la primera gran crisis energética sacudió a la economía estadounidense.

La tensión es evidente, entre julio y septiembre de este año, las grandes petroleras del país han obtenido un aumento medio del beneficio del 59%. Y la cifra podría haber sido aún más espectacular si Chevron hoy no hubiera presentado unas cifras más que discretas (+12%) por culpa de su dependencia de las refinerías del Golfo de México afectadas por los huracanes.

Sin embargo, los números de Exxon (+75%) o los de Conoco (+89%) han estado acompañados de récords históricos en la facturación. Esas ganancias corresponden a un periodo en el que el precio del barril de petróleo texas superó los 70 dólares y también en el que el precio de la gasolina alcanzó una cima histórica de tres dólares por galón (65 céntimos de euro por litro).

La reacción política ante este clima social enrarecido ha sido rápida. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, ha dicho que estudiará la posibilidad de que los responsables de las petroleras comparezcan en el Parlamento para hablar del entorno energético actual y que no tolerará ningún abuso, ni que se utilice el libre mercado para expoliar los bolsillos de los estadounidenses.

También otros miembros de su partido han hablado de imponer un impuesto extraordinario a las compañías petroleras que grave sus ganancias excepcionales. Los demócratas, más duros, han declarado que “Las empresas petroleras son depredadoras”.

La Factura. El recrudecimiento del invierno va a golpear un poco más a los estadounidenses que experimentarán un aumento de su factura energética doméstica de más del 50% este año, con respecto a las cifras del año anterior, cuando ya hubo una subida del 10%.

Pero las petroleras no son las única empresas del país con motivos para enfrentarse con la Casa Blanca. La combinación de salarios bajos, incrememento de costes sociales y retraimiento del consumo está a punto de provocar una dura crisis empresarial en EEUU que afecta principalmente a los mayores empleadores del país.

Las dificultades a las que ya se enfrentan estas compañías emblemáticas han propiciado la aparición en su entorno de voces críticas con la política económica de la Casa Blanca que acusan a Bush de poner en peligro el modelo de crecimiento del país, históricamente basado en el consumo.

Esta semana, en unas inesperadas y sorprendentes declaraciones, el consejero delegado de Wall-Mart, Lee Scott, solicitaba a la Casa Blanca que promoviera de inmediato un aumento del salario mínimo fijado desde hace doce años en 5,15 dólares por hora trabajada (4,24 euros).

Scott considera que esta cantidad (que es inferior en un 33% a la media de la UE, pero supera en un 135% al sueldo mínimo español) es insuficiente para asegurar el crecimiento económico y muy perjudicial para su empresa, la mayor cadena de grandes almacenes del mundo con una plantilla de un millón de trabajadores sólo en EEUU).

Ventas. Según Scott, a partir del día 15 de cada mes las ventas caen en picado. Y la solución no va a mejorar en la actual coyuntura de aumento de tipos de interés e inflación al alza.
El consejero delegado de Wal-Mart se une así a otro ilustre alto ejecutivo anti-Bush el máximo responsable de General Motors Rick Wagoner.

Wagoner ha arremetido contra el actual inquilino de la Casa Blanca en varias ocasiones a lo largo de este año. Este mismo mes, en una inesperada calificación de las ventajas del estado del bienestar, Wagoner, reconocía ayer ante algunos periodistas que los sistemas de cobertura sanitaria universal y pensiones públicas, vigentes en Europa y Japón, son una poderosa arma competitiva para las compañías rivales. Todo por culpa de Washington que ha permitido que los costes de la sanidad estén fuera de control.

Según los cálculos de Wagoner, los costes de fabricación de General Motors aumentan en 1.500 dólares por vehículo debido a la factura sanitaria, el triple que, por ejemplo, soporta Toyota, que, además no debe pagar esta factura más que a sus empleados estadounidenses.

La queja no resulta rara en el jefe de una empresa que ha perdido 3.800 millones de dólares (3.131 millones de euros) en los primeros nueve meses del año y que invierte casi 5.6000 millones de dólares anuales (4.614 millones de euros) en pagar los gastos sanitarios de 1,1 millones de individuos, lo que supone el 0,4% de la población de EEUU.

Y que, además, tiene que lidiar ahora con otra dura batalla. La pesadilla de las contabilidades falseadas ha regresado a Wall Street tras la investigación abierta por la SEC sobre las cifras de General Motors y la revisión que el supervisor de los mercados estadounidenses realiza a los informes públicos de otras cinco grandes compañías: Delphi, Ford Motor, Boeing, Navistar y Northwest Airlines.

Capital. El asunto, en apariencia menor tiene, sin embargo, puede tener un impacto considerable sobre las valoraciones que los analistas realizan de las fundamentales de estas empresas.
La SEC considera que estas firmas han utilizado un ratio de descuento inflado a la hora de calcular el dinero comprometido a futuro por los compromisos contraídos con sus empleados, derivados de las pensiones y las coberturas sanitarias. Y como consecuencia han presentado mayores beneficios y disponibilidades de capital de las que realmente les corresponden.

El ratio de descuento es un factor corrector que descuenta la pérdida de valor del dinero a través del tiempo y la amortización de algunos compromisos como las correspondientes a los fallecimientos. Según algunos columnistas de la prensa especializada, General Motors habría estado aplicando un recorte del 9,5% al valor absoluto de esta cantidad, cifra pareceida a la de las otras entidades bajo sospecha. Los expertos aseguran que cada 25 puntos básicos aplicados de más provocan variaciones de más de 2.300 millones de dólares (1.895 millones de euros) que afectan directamente a los beneficios netos finales.

En el caso concreto de General Motors, además, la empresa podría haber contabilizado a la baja la deuda pendiente con sus suministradores.