El futuro de Bolivia es incierto. Una situación que se deriva de la 'guerra regional' que protagonizan cinco provincias por una nueva distribución de los escaños en el Congreso nacional y que incluso hace peligrar la cita electoral del próximo 4 de diciembre. Esta circunstancia también pone de manifiesto la debilidad de los partidos políticos bolivianos. El Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Evo Morales, es la única excepción. El resto, no responde a las directrices de sus respectivas cúpulas.

Un hecho que se ha demostrado esta semana, cuando todos los diputados de las provincias de Santa Cruz, Cochambana, Oruro y Beni, aun siendo de agrupaciones políticas distintas, se retiraron en conjunto de la sesión plenaria a modo de protesta para reivindicar el reparto de parlamentarios que exigen que el Congreso apruebe.

En este conflicto tienen más poder los intereses regionales que los políticos. Los parlamentarios provinciales han creado un bloque y todos exigen el nuevo esquema de representación política que más conviene a sus regiones. La crisis política y social que arrastra Bolivia desde la salida del presidente Sánchez de Lozada en 2003 ha pasado factura. Desde entonces, la representación parlamentaria está intacta y el desprestigio del Congreso sigue en aumento. Más aún cuando en la Cámara baja se extienden durante cinco semanas enfrentamientos como éste.

Pero esta 'pelea' tiene un trasfondo mucho mayor. Las distintas regiones se juegan ganar o perder más representación política, lo que significa tener más influencia en las decisiones legislativas que se discutan en el Congreso.

Un escenario en el que se ponen de manifiesto los dos frentes en los que se divide el país. Uno rico, ubicado en la zona oriental donde se encuentran casi todas las reservas petroleras del país; en esta región están las provincias de Santa Cruz y Cochabamba, lideradas por empresarios que quieren la autonomía para tomar sus propias decisiones. El otro frente, es el de la Bolivia indígena, en donde reside la mayor parte del 64% de los bolivianos que vive bajo el umbral de la pobreza.

Las provincias de Oruro y Potosí son las representantes de esta zona oriental, y aunque cuentan con pocos recursos económicos, han demostrado que pueden protagonizar grandes movilizaciones con consecuencias directas, como las protestas que motivaron la dimisión del ex presidente Carlos Mesa este mismo año.

Ambos bandos ya se han enzarzado en varias discusiones. El último enfrentamiento fue cuando se discutía la nueva Ley de Hidrocarburos. Una norma que incrementa los impuestos a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia al 32% de sus beneficios y un 18% de regalías. Cuando se llevaba a cabo este trámite, las provincias occidentales exigían la nacionalización del gas y las orientales querían independencia para gestionar los recursos que se generan en su territorio. Al final, la "zona rica" consiguió la victoria y ahora cuenta con un fondo de compensación a través del que reciben un 2% de los ingresos petroleros.

La nueva 'guerra'. En esta nueva batalla provincial el detonante fue el fallo del Tribunal Constitucional del 25 de septiembre, que recoge la petición de la provincia de Santa Cruz e insta al Congreso a que haga una nueva redistribución de los escaños con el nuevo censo. El dictamen dice que hay que cambiar la actual representación política en el Congreso, pero no dice cómo.

De ahí, todos los problemas. Las regiones orientales de Santa Cruz y Cochabamba alegan que desde el último censo electoral de 1996 su población ha crecido mucho. Exigen que se tengan en cuenta los últimos datos poblacionales y que se les otorgue cuatro y dos diputados adicionales, respectivamente. Unos escaños que perderían las provincias orientales de Potosí, La Paz y Oruro. Algo que éstas no quieren aceptar.

El presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, ha intentado mediar en este polémico debate. El mandatario ha sentado en la misma mesa a los representantes autonómicos de las provincias enfrentadas por la redistribución de los escaños en el Congreso y a los presidentes de las cámaras bolivianas. El objetivo: buscar el consenso y la salida de esta crisis. Pero no se ha logrado ningún triunfo. Fracaso tras fracaso, la opción de que las elecciones se retrasen cobra más fuerza. Algo a lo que Rodríguez se opone tajantemente. Para evitarlo, el presidente incluso ha llegado a amenazar con abandonar su cargo de forma anticipada. Una advertencia que ha retirado esta misma semana. El mandatario ha asegurado que concluirá la legislatura para solucionar esta confrontacion.

La encrucijada de Rodríguez. Pero los intentos del mandatario a lo largo de estas cinco semanas de enfrenamiento autonómico no se quedan aquí. Rodríguez ya ha dado en dos ocasiones un ultimátum. En ambas ocasiones, el presidente ha asegurado que estaba dispuesto a acabar con este conflicto a través de un decreto ley, y las dos veces ha decidido postergar los plazos, confiado en que el Congreso pactará un acuerdo.

La primera vez que lanzó esta advertencia fue justo antes de viajar a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Salamanca (14 y 15 de octubre). En esa fecha, el presidente Rodríguez advirtió que si tras su regreso las provincias no tenían listo una propuesta consensuada, él impondría un reparto que con el que Santa Cruz obtendría dos nuevos diputados, Cochabamba uno y La Paz, Oruro y Potosí perdieran otro.

Pero volvió de su viaje y las provincias no habían conseguido ninguna solución. Entonces volvió a dejar otra semana de plazo. Después de otros siete días en los que no se ha avanzado nada, Rodríguez ha repetido su amenaza, pero esta vez con un cambio en la distribución. El decreto ley que el presidente tiene ahora en sus manos otorga a la provincia cruceña un escaño más y resta a Potosí y Oruro otro. La Paz y Cochabamba seguirían con la misma representación en el Congreso.

Pero esta opción es muy peligrosa. La resolución del Tribunal Constitucional dice que esta distribución se debe hacer a través de una ley, no por decreto. Si Rodríguez lo hiciera por decreto, acabaría con este conflicto de forma inmediata, pero a medio plazo se podría producir una crisis mucho mayor. La distribución de escaños se podría declarar inconstitucional y las elecciones, ilegales.

Ante estos condicionantes, el presidente sigue dando opción al diálogo. Pero que los diputados se pongan de acuerdo en el Congreso parece una misión imposible. Hoy viernes, el pleno del Congreso vive una jornada decisiva. También hoy se cumple el plazo que ha dado la Corte Nacional Electoral. Este organismo advirtió al presidente Rodríguez que si el día 28 de octubre no se había definido la nueva distribución de escaños, las elecciones se retrasarían. Ya no habría tiempo para todos los procedimientos burocráticos, como la inscripción de los candidatos y la definición de las circunscripciones.

Y que se celebren las elecciones en el plazo previsto es precisamente la obsesión del presidente boliviano, que asumió la Presidencia, después de la renuncia de Carlos Mesa, con el único objetivo de convocar unos nuevos comicios. Una vez que se hiciera este llamamiento, su misión concluiría.

Todos los sectores del país coinciden es esta cuestión. Formar un nuevo Gobierno y renovar el Congreso es la única vía para superar la crisis boliviana. Incluso los bolivianos de a pie, que ahora se muestran indiferentes ante las disputas parlamentarias, no están dispuestos a permitir un retraso en las elecciones, la única oportunidad que tienen para buscar su propio destino.

El Congreso decide. Los parlamentarios volverán a buscar una solución. El presidente del Congreso, Norah Soruco, está dispuesto incluso a extender los debates durante todo el fin de semana. Pero para que los debates puedan dar algún fruto es necesario que los diputados estén presentes y que haya quórum. Por eso, Soruco ha instado a los diputados que en las sesiones de ayer y del miércoles se levantaron de sus asientos a que regresen al Congreso. Si Santa Cruz y Cochabamba deciden no asistir, ya no habrá el número necesario de diputados para sacar adelante ningun reparto.

Estos diputados deberán votar dos proyectos de ley que podrían acabar con esta 'guerra'. Uno de ellos es el que propone el Gobierno, el mismo que podría convertirse en decreto legislativo. El otro lo presenta el ex presidente Luis Ossio, diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que sugiere ampliar el número total de escaños en el Congreso de 130 a 145.

Todo es incertidumbre. Según algunos analistas, ante esta situación podría pasar cualquier cosa.Se barajan varias opciones: el retraso de la fecha límite por parte de la Corte Nacional Electoral, la aprobación a cargo del Congreso de cualquiera de las dos opciones, o bien, otro reparto para calmar las exigencias de Santa Cruz, la provincia que más empeño está poniendo en este conflicto.

El Comité Cívico de Santa Cruz no está dispuesto a aceptar una distribución que le otorgue menos parlamentarios que los que exige ahora. Su posición es tan tajante que incluso ha publicado un comunicado en el que asegura que baraja la opción de convocar un referéndum para conseguir la independencia de la provincia del resto del país.

Un anuncio que ha provocado una reacción en el Ejército, que hasta el momento no había hecho ninguna declaración sobre esta disputa. Las Fuerzas Armadas bolivianas han asegurado que están alineadas con la Constitución y que respetarán las leyes y defenderán la democracia. Sin embargo, no están dispuestas a aceptar una disgregación de Bolivia.

La situación política es muy difícil. Los expertos consideran que lo peor que podría ocurrir es que se aplazaran las elecciones. El Gobierno está en una encrucijada. El presidente Rodríguez quiere que se llegue a un pacto pero sobre todo desea que se celebren las elecciones el próximo 4 de diciembre, tal y como estaba programado. Si el Congreso no llega a un acuerdo, e presidente tendría la posibilidad de acabar con la guerra autonómica con un decreto, pero las consecuencias de esta acción podrían ser muy negativas.