El Gobierno de Eduardo Rodríguez, que busca que el Congreso boliviano transforme el decreto de distribución de escaños en una ley, ha acusado a los diputados de los partidos más conservadores de poner trabas a la celebración de las elecciones del próximo 18 de diciembre. El portavoz del Ejecutivo, Jorge Lazarte, ha criticado la actitud de algunos diputados de la Acción Democrática Nacional, Nueva Fuerza Republicana y Movimiento Nacional Revolucionario que amenazan con presentar recursos de inconstitucionalidad contra esta cita en las urnas.

El presidente Rodríguez aprobó la pasada semana un decreto que impone una nueva distribución de diputados en el Congreso. El mandatario adoptó esta decisión después de que las provincias mantuvieran un enfrentamiento durante cinco semanas sin encontrar ningún acuerdo. Estas discrepancias que también se trasladaron al Congreso suspendieron incluso las elecciones previstas para 4 de diciembre.

Ahora, tras el decreto, los bolivianos podrán ir a votar el próximo 18 de diciembre. Pero una vez salvada esta situación, el Gobierno quiere que el texto se transforme en una ley. Si el Congreso no apoya esta propuesta, el nuevo reparto podría considerarse inconstitucional y las elecciones ilegales.

Sin embargo, según ha revelado el propio Lazarte, hay algunos partidos políticos que no quieren que Bolivia supere la crisis política y social que se arrastra desde 2003, tras la salida del poder del ex presidente Sánchez de Lozada.

Estas agrupaciones políticas son las denominadas "tradicionalistas", las mismas que tienen el control de algunas instituciones del país, como las controlarías, y que se resisten a perder estas posiciones. Un relevo que se produciría el próximo año, cuando el nuevo Gobierno electo asuma el poder.

Al cierre de esta edición, la sesión del Congreso todavía no había comenzado. Se prevé que las discusiones serán tensas. A la oposición de estos partidos se contrapone el apoyo que los candidatos presidenciales le otorgan al Ejecutivo.