Cuando sólo faltan ocho días para que finalice el plazo para cambiar los actuales contratos de las petroleras internacionales a la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno de Bolivia ha anunciado que solicitará al Congreso más tiempo para formalizar estos convenios. Una intención que ha despertado el malestar del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha advertido que si el próximo 15 de noviembre no están vigentes los nuevos contratos, exigirá al presidente Eduardo Rodríguez que afronte la responsabilidad política por este tema.

El equipo de Rodríguez presentará su petición al Congreso el mismo día que termina el plazo para la migración de los contratos petroleros. Según el portavoz del Ejecutivo, Jorge Lazarte, esta solicitud irá acompañada de un informe en el que se detallarán las negociaciones, todavía no concluidas, del Ejecutivo con las petroleras internacionales que operan en el país.

El Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) son los dos órganos encargados de las negociaciones con las petroleras extranjeras. Según revela la prensa local, una de las principales trabas que ha impedido agilizar este cambio burocrático es que ni el Ministerio ni YPFB, que en estos momentos está eligiendo a su directorio, han diseñado los nuevos modelos de contratos.

Mientras se extiende esta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado al Gobierno de Bolivia que sea flexible en las negociaciones con las petroleras internacionales. El FMI se hace eco de la demanda de las empresas extranjeras, que quieren retrasar la migración de los contratos.