El Gobierno de Eduardo Rodríguez ha devuelto la calma a Bolivia con un decreto que impone una nueva distribución de los escaños en el Congreso. La 'guerra autonómica' que se ha prolongado durante cinco semanas e incluso ha llegado a suspender las elecciones ya es historia. Los bolivianos, de nuevo, tiene una cita en las urnas. La resolución de esta crisis sólo tiene la oposición del Comité Cívico de Santa Cruz, que no está satisfecho con el flamante esquema de representación política.

El presidente boliviano ha fijado las elecciones para el próximo 18 de diciembre. Con esta decisión, Rodríguez ha satisfecho las demanda de los candidatos presidenciales y de la mayoría de los bolivianos, salvo los de Santa Cruz. La situación había alcanzado un grado de extrema gravedad. Los sucesivos fracasos en los debates del Congreso y entre los comités cívicos provinciales habían sembrado la incertidumbre en el país. El pueblo no sabía qué número de diputados iba a representar a cada región, ni siquiera si las elecciones se iban a llevar a cabo.

Ahora el panorama es mucho más alentador. Las amenazas de protestas han desaparecido. Había algunos movimientos sociales que no estaban dispuestos a dejar escapar la oportunidad que ofrecen las elecciones para definir un nuevo futuro para Bolivia. Entre ellos, el Movimiento Al Socialismo, que lidera Evo Morales, que tras el anuncio de suspensión de las elecciones por parte de la Corte Nacional Electoral el pasado viernes, advirtió al Congreso que estaba dispuesto a movilizar a todos los bolivianos para que no se modificara el calendario establecido.

Única oposición. El Comité Cívico de Santa Cruz es el único colectivo en discordia. Sus representantes no han aceptado el reparto de Rodríguez, quieren más asientos en el Congreso. Y para conseguirlo no descartan iniciar los trámites legales pertinentes, como presentar una nueva demanda al Tribunal Constitucional.

Salvo esta oposición, por el momento moderada, la 'guerra autonómica' que enfrentaba a cinco provincias del país se ha solucionado. Pero hasta conseguir esta paz, los bolivianos han tenido que pasar momentos de máxima tensión e incertidumbre.

Todo empezó el 25 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de Santa Cruz e instó al Congreso a modificar la actual asignación de los escaños (ver tabla 1) con el nuevo censo electoral. El dictamen decía que hay que cambiar la representación política en el Congreso, pero no dice cómo. De ahí todos los problemas.

El enfrentamiento. Las regiones orientales de Santa Cruz y Cochabamba alegaban que desde el último censo electoral de 1996 su población había crecido mucho. Exigían que se tuviera en cuenta los últimos datos poblacionales y que se les otorgara algunos diputados adicionales. Unos escaños que perderían las provincias orientales de Potosí, La Paz y Oruro. Algo a lo que éstas se negaban tajantemente. (ver tabla 2)

Ante la inflexibidad de los dos bandos negociadores, el presidente Rodríguez intentó mediar, pero no consiguió ningún éxito. Las discrepancias se extendían ya demasiado tiempo y la celebración de las elecciones comenzaba a ponerse en peligro. Entonces, el mandatario optó por dar un ultimátum. Rodríguez advirtió antes de viajar a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Salamanca (14 y 15 de octubre) que si a su regreso las provincias no presentaban una propuesta conjunta en el Congreso acabaría con este enfrentamiento a través de un decreto. (ver tabla 3)

Pero Rodríguez volvió de su viaje y la situación era la misma. Sin embargo, el mandatario no se atrevió a ejecutar sus planes y amplió el plazo una semana más para el diálogo. En esos siete días, los negociadores provinciales mantuvieron sus diferencias y el presidente boliviano utilizó de nuevo la misma estrategia de presión: el decreto. Pero esta vez anunció una distribución distinta. (ver tabla 4)

Más tensión. Algunos acontecimientos ocurridos la semana pasada agudizaron más el conflicto. Mientras el Congreso votaba una por una las propuestas de las provincias y la del presidente, la Corte Nacional Electoral apareció en escena y advirtió que si el nuevo modelo de representación política no quedaba definido antes del viernes las elecciones se anularían. Ya no habría tiempo para tener listos todos los procesos burocráticos que precisa la cita electoral, como la definición de las circunscripciones y la inscripción de los candidatos.

A pesar de este toque de atención, los congresistas no consiguieron nada. Todo lo contrario, cada vez parecía más difícil llegar a un acuerdo. Durante las votaciones, los parlamentarios provinciales abandonaron los plenos y las sesiones se suspendieron por falta de quórum. Todos los diputados de las provincias de Santa Cruz, Cochambana, Oruro y Beni, aun siendo de agrupaciones políticas distintas, se retiraron en conjunto del Congreso. Así mostraron su disconformidad después del rechazo a sus proyectos de reparto.

Otro problema. Con este gesto se puso de manifiesto una cuestión clave en la política boliviana: la debilidad de los partidos políticos del país. El MAS es la única excepción. Todos las demás agrupaciones políticas han optado por defender los intereses regionales e ignorar las directrices de las cúpulas de sus respectivos partidos. Esta situación se deriva de la crisis política y social que arrastra Bolivia desde la salida del presidente Sánchez de Lozada en 2003. El ex mandatario presentó su dimisión tras 20 días de intensas agitaciones sociales que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y en la que hubieron muertes de civiles.

El pasado martes, mientras se extendían rumores de nuevas protestas entre algunas agrupaciones políticas, el presidente Rodríguez presentó su solución: un decreto ley que impone una distribución de escaños y la nueva fecha de las elecciones, el 18 de diciembre. (ver tabla 5). Un reparto diferente al anunciado en las dos ocasiones anteriores.

Pero la labor del mandatario no ha terminado. Ahora, Rodríguez va a buscar el apoyo del Congreso para transformar el decreto que de la nueva distribución de los escaños en una Ley. Ayer jueves, los parlamentarios iniciaron el debate. Todos excepto los de la provincia de Santa Cruz, la única región que no está satisfecha con el nuevo modelo de representación política y que ha anunciado que no discutirá esta propuesta. Los cruceños insisten en que este modelo no se ajusta al censo electoral vigente y por lo tanto también se aleja del fallo constitucional.

Con este cambio, el presidente boliviano quiere evitar problemas a medio plazo. El fallo del Tribunal Constitucional no indica cómo debe de hacerse el reparto pero sí señala que la nueva distribución debe tener rango de Ley. Por eso el mandatario quiere asegurar la legitimidad de las elecciones y del nuevo Gobierno. Si el decreto no se transforma en Ley, el reparto de escaños podría considerarse inconstitucional y las elecciones ilegales.

La situación es delicada, más aún cuando el Comité Cívico de Santa Cruz baraja la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sólo si el Congreso apoya la iniciativa del mandatario este conflicto será enterrado. Si no, podríamos estar en el inicio de una crisis todavía mayor. Falta esperar la reacción de Santa Cruz, la región que más empeño ha puesto en este conflicto para conseguir más peso en las decisiones políticas que se toman en el Congreso.