| Esta semana ha vuelto la tranquilidad a Bolivia, gracias al decreto promulgado por el presidente al país del Altiplano, Eduardo Rodríguez, en el que se convocan unas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 18 de diciembre.
Rodríguez ha trabajado duro y ha conseguido sortear un obstáculo legal que ponía en duda la celebración de los comicios.
Par lograrlo se ha reunido con las candidatos y con miembros de la Corte Electoral y ha cerrado una nueva redistribución de los escaños los escaños. La decisión del máximo responsable del poder ejecutivo ha obtenido una respuesta positiva de los grupos parlamentarios y los comités cívicos regionales. Los mismos que fueron incapaces de resolver solos el conflicto que amenazaba la cita con las urnas por culpa del constante desacuerdo instalado entre los representantes de las regiones.
Hubo cinco semanas de crisis que aumentaron el riesgo, hasta que el mandatario logró poner fin a la disputa entre las diferentes regiones del país que deseaban aumentar sus respectivos representantes ante el Congreso.
La controversia suscitada entre Santa Cruz de La Sierra, que exigía disponer de cuatro escaños más en el Parlamento y Cochabamba, que reclamaba dos, a costa de los representantes de La Paz, Oruro y Potosí, que se oponían a perder parlamentarios, parecía irresoluble.
Fue entonces cuando Eduardo Rodríguez tomó el control de la situación, consciente de que resultaba imposible encontrar un escenario satisfactorio para todas las regiones y que, sin embargo, el momento resultaba crucial para la democracia boliviana, y era necesario por encima de todo preservar el derecho ciudadano a acudir a las urnas.
Mediante el decreto presidencial Santa Cruz obtuvo tres escaños, Cochabamba uno, La Paz perdió dos, y Oruro y Potosí perdieron uno.
El presidente realizó un ejercicio de sentido común gracias al cuál no hubo ni vencedores ni vencidos, sólo ciudadanos bolivianos capaces de apostar por la democracia que, en definitiva, es el principal nexo de unión de los pueblos.
Rodríguez ha argumentado su decisión en la necesidad de cumplir con el mandato que recibió el pasado 9 de junio que le obligaba a conducir el proceso electoral en circunstancias absolutamente extraordinarias, tras la grave crisis política que desató la dimisión de su antecesor en el cargo Carlos Mesa, propiciad por una oleada vertiginosa de protestas sociales.
Ya ha dado un paso importante al lograr este acuerdo. Ahora les toca a los bolivianos decidir su futuro. |