El presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, reconoció ayer martes ante el Congreso que su Gobierno no ha podido concluir las negociaciones con las petroleras internacionales para la adaptación de los contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, el mandatario ha especificado que el Ejecutivo no es el responsable de este fracaso, sino la propia ley petrolera, que no contempla sanciones para las compañías internacionales si se niegan a cambiar sus convenios.

El mismo día que se cumplía la fecha límite para el cambio de los contratos, Rodríguez ha explicado que la negativa de algunas de las petroleras a aceptar los términos de la nueva Ley, que incrementa los impuestos a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia al 32% de su producción en Bolivia, más un 18% de regalías, ha dejado al Gobierno sin ninguna capacidad de acción.

La Ley de Hidrocarburos, que fue ratificada por el Gobierno actual el pasado 18 de diciembre, no penaliza a las petroleras que se demoren en trasformar sus convenios operacionales. Según el mandatario, el Gobierno no puede ejercer ninguna presión sobre las compañías internacionales, que continúan con sus trabajos en el país bajo la anterior legislación, por la que pagan la mitad de los impuestos que impone la nueva Ley.

Por ese motivo, Rodríguez ha solicitado a los miembros del Congreso que analicen esta situación para introducir una modificación al texto. Además, el presidente también ha solicitado a los parlamentarios que amplíen el plazo de las negociaciones hasta después de las elecciones del próximo 4 de diciembre.

Durante su comparecencia, el mandatario entregó a los congresistas un informe detallado de las negociaciones que se han mantenido con las casas matrices de las petroleras que operan en Bolivia. Ahora se espera la evaluación de la Cámara baja.

La demora ha molestado mucho a los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que amenazan con iniciar un juicio de responsabilidades en contra del presidente.