En una sorprendente e inesperada alianza las dos mayores asociaciones patronales de EEUU (la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Manufactureros) se ha unido a varios grupos de defensa de los derechos civiles, cuya ideología es diametralmente opuesta a la suya, para presionar contra la renovación de la vigencia de la Ley Especial Antiterrorista, conocida como Patriot Act, que se aprobó tras los atentados del 11-S de 2001 y que, en principio, quedaría sin efecto en diciembre de este año si, tal y como desea Washington, las Cámaras votan la extensión automática de su plazo de validez.

Aunque los motivos de unos y otros son distintos, tanto las patronales como los grupos de derechos civiles mantienen reuniones conjuntas con congresistas y senadores cuyo primer objetivo sería eliminar del texto la norma que hace referencia a las cartas para la seguridad nacional que permiten al FBI solicitar a las empresas sin supervisión judicial previa datos confidenciales de empleados y clientes situados en cualquier parte del mundo.