La mediación del Gobierno de Japón en el 'caso Fujimori' ha abierto una crisis en las relaciones diplomáticas entre Lima y Tokio. Las autoridades de Perú han anunciado que 'dan por terminadas' las funciones del embajador peruano en Japón, Luis Macchiavello, tras las declaraciones realizadas por el Ejecutivo japonés en las que se asegura que el ex presidente no ha cometido ningún delito, por lo que no tiene restricciones para entrar o salir del país.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón en Tokio, Akira Chiba, ha asegurado que no ha sido notificado formalmente de la medida de Perú. El funcionario ha declarado a la prensa regional que los embajadores no se retiran por medio de comunicados y que esperan más información por parte de las autoridades peruanas.

Además, el Gobierno de Japón ha pedido a Chile que se considere la nacionalidad japonesa de Fujimori en el proceso de extradición que ha iniciado Perú. Unas declaraciones que han complicado aún más las relaciones diplomáticas entre Tokio y Lima y que han obligado a la Cancilleria peruana a asegurar que el ex presidente peruano entró en la capital chilena con pasaporte peruano, por lo que Fujimorí optó por la propia nacionalidad de Perú.

Relaciones difíciles. El actual mandatario peruano, Alejandro Toledo, había solicitado en dos ocasiones la extradición del ex pre4sidente. La primera petición se realizó el 13 de junio de 2002, en la que se acusaba al mandatario de haber autorizado la muerte de 15 personas en 1991 y la segunda, el 25 de junio de 2003, para que Fujimori respondiese por el pago de 15 millones de dólares (12 millones de euros) para permitir que Montesinos se fugara a Panamá.

Aunque hay otros siete expedientes preparados, el Poder Judicial está esperando a que Japón emita alguna respuesta. Pero la única contestación que se ha obtenido desde el país asiático han sido las declaraciones que el miércoles hizo el embajador nipón en Lima, Hitoshiro Ishida, quien considera que en la demanda de extradición los indicios para cumplir la petición no son suficientemente claros.

Según Ishida, el pasado mes de junio Japón solicitó al Gobierno de Perú que acreditase con pruebas los cargos penales atribuidos a Fujimori, algo que, hasta la fecha, aún no se ha producido.