Cuando está a punto de concluir el plazo, previsto por la nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia, para cambiar los actuales contratos con las petroleras internacionales, no hay nada claro. Los expertos desconfían de que el Gobierno de Eduardo Rodríguez sea capaz de realizar el cambio. Hasta el Ejecutivo parece que comparte estas dudas. El presidente va a solicitar al Congreso una ampliación del límite previsto para el término de las negociaciones con las compañías internacionales.

El próximo martes 15 de noviembre, día en el que finaliza el plazo para cambiar los contratos petroleros, el equipo de Eduardo Rodríguez tiene una importante cita en el Congreso. En esta sesión plenaria, el Gobierno pedirá a los diputados más tiempo para transformar los 71 convenios que tiene el Estado con compañías petroleras extranjeras. Según el portavoz del Ejecutivo, Jorge Lazarte, esta solicitud irá acompañada de un informe en el que se detallarán las negociaciones, todavía no concluidas, del Ejecutivo con las empresas que operan en el país.

Las intenciones del Gobierno se conocieron el pasado martes y acto seguido surgieron todo tipo de especulaciones. Fuentes del sector petrolero han revelado a Americaeconomica.com que, cuando sólo faltan cuatro días para que se cumpla la fecha límite, el Ejecutivo ni siquiera ha empezado a negociar. Mientras tanto, la Presidencia espera callada que llegue la sesión del martes. Aún mayor es el silencio de las empresas petroleras, que se niegan a hacer declaraciones.

Este tema es sumamente delicado. La discusión de la Ley de Hidrocarburos ha llegado a provocar una auténtica convulsión en Bolivia y la dimisión de dos presidentes. Primero fue Sánchez de Lozada que abandonó su cargo en 2003, después de que la represión contra los movimientos sociales que exigían la nacionalización de los hidrocarburos se saldara con varios muertos. A Lozada le sucedió Carlos Mesa, que también cedió a la presión de las protestas y salió de la Presidencia el pasado mes de mayo. Ahí fue cuando Eduardo Rodríguez tomó el relevo.

La investidura del ahora presidente de Bolivia generó incertidumbres. Desde los sectores políticos del país se considera que era muy difícil que un Gobierno de transición pudiese atender las demandas de las organizaciones sociales que pedían la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y todo ello antes de las elecciones generales.

Pero poco a poco, la gestión de Rodríguez ha ido dando buenos resultados. Los comicios tienen ya una fecha definida, el próximo 18 de diciembre, la Asamblea Constituyente otra, en marzo de 2006, una cita en la que se definirá el futuro petrolero. Pero Rodríguez ha conseguido algo más que un calendario. Sólo un mes después de iniciar su mandato, el 15 de julio, ratificó la Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo por Mesa. Una norma que incrementa los impuestos a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia al 32% de sus beneficios y un 18% de regalías.

Las nuevas tasas no cuentan con el beneplácito de las petroleras internacionales. Estas compañías, que juntas controlan el 80% de las reservas de gas boliviano, no están de acuerdo con el aumento impositivo. Una situación que obligó a Rodríguez a iniciar procesos de diálogo con un claro objetivo: cambiar los contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos.

Pero el mandatario y su talante conciliador, con el que ha impregnado su trayectoria, no ha conseguido muchos resultados. El calendario apremia y hasta el momento no parece que haya nada definido. El hecho de que el Gobierno quiera pedir una ampliación del plazo se ha interpretado como un síntoma fatal.

Algunos expertos han asegurado a este diario que esas conversaciones con las petroleras internacionales que operan en Bolivia, hasta el momento, sólo intentan llegar a un acuerdo de conciliación. Ya que siete de estas empresas, la española Repsol y la francesa Total, entre ellas, se acogieron a los tratados de protección de inversiones que sus respectivos países tienen firmados con Bolivia.

Otra de las dificultades en este asunto es de carácter burocrático. El Gobierno tiene como interlocutores al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este último organismo está en estos momentos conformando su dirección y adaptando su estructura a la nueva ley petrolera. Esta situación ha provocado que las petroleras no tengan al otro lado un interlocutor claro. Pero además, esto también ha impedido que YPFB acabe con la redacción de todos los reglamentos de la nueva Ley y los modelos de los contratos.

Fuentes del Ministerio de Hidrocarburos han confirmado a Americaeconomica.com estas dos trabas, sin las cuales el cambio de los contratos podría ser imposible. Estas fuentes han asegurado que de los más de 60 epígrafes que tiene la Ley de Hidrocarburos sólo están listas diez.

Los analistas barajan otra opción. Se cree que Eduardo Rodríguez, que asumió el cargo con el objetivo de convocar elecciones y acabar con la crisis que arrastra el país, pretende eludir las complicaciones que puedan surgir en este ámbito. Por ello, el mandatario estaría solicitando la ampliación del plazo, para relegarlo al próximo Gobierno.

Este ambiente podría convertirse en un verdadero hervidero para Rodríguez y su equipo de Gobierno. Aunque el Congreso respalde la pretensión del presidente, la postergación de los cambios en los contratos petroleros podría costar caro al presidente. El Movimiento Al Socialismo (MAS), el gran favorito en las elecciones, ha advertido al Ejecutivo que si el próximo 15 de noviembre no están vigentes los nuevos contratos, exigirá al presidente que afronte la responsabilidad política por este tema.