Fuentes del sector petrolero boliviano han declarado a Americaeconomica.com que ahora no es el momento oportuno para formalizar el cambio de los contratos petroleros con las compañías internacionales. Ante la proximidad de las elecciones del 18 de diciembre, los expertos creen que la opción más adecuada es que los miembros del Congreso acepten la proposición del presidente Eduardo Rodríguez y aprueben una ampliación del plazo para las negociaciones.

Después de la cita electoral, el nuevo Gobierno debería definir primero qué es lo que quiere hacer con el sector energético del país y qué relación va a establecer con las empresas privadas que operan en Bolivia. Dos aspectos que según algunos analistas no están definidos en la actualidad.

Estas dos cuestiones dependerán mucho del resultado de los comicios, en los que el líder cocalero y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se perfila como ganador. Una opción que, según las últimas encuestas, es más que probable y que inquieta mucho a las petroleras internacionales. Evo Morales recoge en su programa la nacionalización de los hidrocarburos.

Pero en el próximo mes de marzo también hay una cita que prodría ser decisiva para el futuro petrolero del país: la Asamblea Constituyente. Un marco que servirá de escaparate para las múltiples propuestas de todos los partidos políticos para este asunto y en el que se eligirá uno.

Según los analistas, las compañías internacionales han adoptado una postura precavida ante los próximos acontecimientos. Prefieren no formalizar sus nuevos contratos hasta que no se concreten estas cuestiones. Por ese motivo, las petroleras, entre ellas la hispano argentina Repsol y la francesa Total, han remitido cartas al Gobierno en las que solicitan retrasar el inicio de las nuevas negociaciones hasta julio de 2006.

Si el Ejecutivo acepta esta petición, las petroleras internacionales se comprometen a no recurrir a los tribunales internacionales. Una opción que estas compañías barajan desde hace meses, cuando recurrieron a los tratados de protección de inversiones que sus países tienen suscritos con el Estado de Bolivia.