El ministro de economía argentino, Roberto Lavagna, ha denunciado que algunas de las constructoras del país han firmado un cártel. Es decir, que pactan el precio de los proyectos para obras públicas que presentan en las licitaciones gubernamentales. Unas palabras que no han sentado nada bien a los empresarios del sector, que desmienten esta acusación y exigen al Gobierno nuevas inversiones en infraestructuras.

La intervención de Lavagna en la LIII Convención Anual de la Cámara Argentina de Construcción (CAC) ha sembrado la polémica. El ministro de Economía ha asegurado que esta práctica ilegal está generando demasiado gasto al Estado. Algo que atenta directamente al objetivo del Ejecutivo argentino de controlar la inflación.

Aunque este hecho preocupa mucho al Gobierno, Lavagna ha anunciado que su Ministerio no va promover controles para erradicarla. Para este asunto, el ministro se fía en las investigaciones que han emprendido el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Banco Mundial.

La respuesta de los empresarios del sector ha sido inmediata. Niegan tajantemente que haya un acuerdo entre ellas para elevar el precio de los contratos públicos. Pero reconocen que sus ofertas en las licitaciones son cada vez más elevadas. Algo que está directamente relacionado con el incremento de los materiales, que en lo que va de año se ha incrementado un 13,5%.

Para algunos analistas han declarado a Americaeconomica.com que Lavagna se ha atrevido a decir en público lo que todo el mundo sabe y nadie se atreve a reconocerlo en el sector de la construcción como en otros tantos de la economía argentina. Una muestra de que esta práctica es habitual es el reciente fallo en contra de las compañías cementeras por conciliar sus precios.

En opinión de estos expertos, el Gobierno de Kirchner tendría que adoptar una posición más firme con las empresas que presentan sus ofertas a los concursos de obras públicas. Las autoridades deberían evaluar los costes y no aceptar nunca las propuestas que superen las estimaciones oficiales.