Brasil tiene en estos momentos un superávit primario del 6% del PIB, lo que supone un ahorro de unos 35.000 millones de dólares (29.853 millones de euros), dinero que se mantiene inmovilizado porque el equipo económico del Gobierno aspira a mantener ese porcentaje e incluso incrementarlo hasta el 8%. Este es el trasfondo de la pelea que ha dividido a la Administración de Lula. Fuentes próximas al Gobierno aseguran que este empeño es el que genera la sensación de que el Ejecutivo está paralizado y de que no se aprueben inversiones que garanticen el crecimiento futuro.

La ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff, se ha erigido en la voz del Gobierno contra su colega de la cartera de Economía, Antonio Palocci, quien estaría intentando incrementar el superávit primario (ingresos menos gastos excluidos los pagos de intereses de la deuda), uno de los indicadores que muestran la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Según Rousseff, con mantener la actual política fiscal (el objetivo para este año es del 4,25% del PIB) es suficiente y no es necesario un esfuerzo adicional. En definitiva, la ministra defiende un incremento de los recursos que el Gobierno destina a inversiones, capitales que, en estos momentos, se encuentran paralizados con el objetivo de engrosar la partida del ahorro.

Un Ministerio poco peleón. Algunas fuentes próximos al Gobierno aseguran que esta paralización es la consecuencia del hecho de que el Ministerio de Planificación está supeditado al de Hacienda y a la propia actitud del ministro de Planificación, Paulo Bernardo, quien desde que accedió al cargo ha optado por satisfacer los deseos de Palocci y no pelear por conseguir del ministro de Hacienda los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos encargados por Lula. De hecho, el propio Bernardo, según se comenta en la prensa brasileña, habría propuesto un plan para mantener un rígido control de los gastos durante un periodo superior a cinco años para aumentar el superávit.

Las elecciones de 2006 son el trasfondo de esta discusión. Los ministros que consideran que no son necesarios mayores esfuerzos fiscales creen que sin inversiones será muy difícil que Lula recupere la popularidad perdida, mientras que la oposición puede seguir aprovechando este hecho para denunciar que la Administración se encuentra paralizada por los casos de corrupción.