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Martes 22 de noviembre de 2005 
 
Costa Rica reitera su apoyo a la Corte Penal Internacional en contra de las presiones de EEUU
 

El Gobierno de Costa Rica ha asegurado que no concederá inmunidad a los soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de que Washington haya amenazado con suspender las ayudas económicas a los gobiernos que no acepten sus pretensiones. El canciller costarricense, Roberto Tovar, ha asegurado que no cambiarán de actitud aunque la Casa Blanca congele partidas destinadas a Costa Rica valoradas en 100.000 dólares (85.295 euros) al mes.

Tovar, en declaraciones al diario costarricense La Nación, indicó que eximir a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción del CPI iría en contra de sus principios. El canciller ha explicado que por mucho que el país pueda necesitar ese dinero, las presiones de la Casa Blanca no implicarán un cambio de posiciones del Ejecutivo de Costa Rica.

Además, el jefe de la diplomacia costarricense ha recordado que el país estuvo desde la génesis del proyecto de la Corte y en ella además trabaja una jueza de Costa Rica. Pero EEUU se mantiene firme en su postura y de momento ya ha cancelado al Gobierno de Costa Rica dos programas de ayuda para descapacitados y apoyo comercial.

La amenaza estadounidense. El Gobierno de EEUU, que no pertenece a la CPI, aprobó una ley en agosto de 2002, por la que prohíbe la asistencia militar a países que sean miembros de la Corte. Posteriormente, a finales de 2004, el Ejecutivo estadounidense dio luz verde a una enmienda a la ley en la que prohibió el acceso a los Fondos de Asistencia Económica a los integrantes de la CPI, excepto si llegaban a un acuerdo con EEUU.

Este pacto recibió el nombre de "Acuerdo relativo al Artículo 98 del Estatuto de Roma" y consiste en que cada país debe comprometerse a no acudir a la CPI para denunciar o apoyar demandas por crímenes de guerra, genocidio y otros delitos en los que estuviesen implicados funcionarios estadounidenses.

Washington rechaza el trabajo de la CPI con el argumento de que el Tribunal podría ser usado para abrir investigaciones con motivos políticos de funcionarios y militares estadounidenses.

 

 
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