El Congreso de EEUU ha aprobado un recorte selectivo en las ayudas a aquellos países latinoamericanos que rechacen ofrecer inmunidad diplomática a los soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Aunque hasta la fecha se desconoce la cifra total de la contribución que dejarán de percibir algunos países del subcontinente, la actitud de Washington ya ha provocado fuertes críticas de los gobiernos de la región que han calificado la medida de chantaje.

Los países afectados por esta iniciativa estadounidense son Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México. Sin embargo, la norma no afecta a Argentina, Jordania o a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por ser considerados aliados importantes de EEUU.

El Gobierno de EEUU, que no pertenece a la CPI, aprobó una ley en agosto de 2002, por la que prohíbe la asistencia militar a países que sean miembros de la Corte. Posteriormente, a finales de 2004, el Ejecutivo estadounidense dio luz verde a una enmienda a la ley en la que prohibió el acceso a los Fondos de Asistencia Económica a los integrantes de la CPI, excepto si llegaban a un acuerdo con EEUU.

Este pacto recibió el nombre de "Acuerdo relativo al Artículo 98 del Estatuto de Roma", en el que aquellas partes que lo firmen se comprometen a no entregar o trasladar, sin el consentimiento expreso de EEUU, a funcionarios del Gobierno estadounidense, o personal militar, a la CPI.

Desde que la Administración Bush se ha lanzado a la campaña para conseguir que los países miembros de la Corte suscriban este pacto, un total de 53 países de Latinoamérica, Europa y África han declinado firmar el acuerdo porque consideran que reduce su compromiso con el Tribunal.