Ha sido una semana complicada para Lula. Su hombre fuerte, el ministro de Economía, Antonio Palocci, se ha visto de repente acorralado por las denuncias de corrupción e incluso por algunos miembros de su Gabinete que han cuestionado públicamente la política económica del Ejecutivo. Hasta los inversores se han mostrado nerviosos a pesar de la templanza que han mostrado desde que comenzó la crisis. Pero, una vez más, Lula ha esquivado, al menos de momento, el golpe.

Nunca desde que comenzó la crisis hace ya casi cuatro meses se ha especulado más con la posibilidad de una dimisión de Palocci como durante esta semana. El ruido generado por estos rumores llegó a ser ensordecedor. Tanto que el ministro de Economía decidió salir a escena y enfrentarse de una sola vez a todas la acusaciones. La decisión la tomó tras saber que Lula le apoyaría hasta el final y no admitiría su renuncia. Él mismo se lo dijo.

Palocci eligió como foro la Comisión de Economía del Senado. Su comparecencia estaba prevista para el próximo día 22, pero la adelantó al miércoles pasado. La estrategia fue un éxito. Tras su intervención de nueve horas los mercados se relajaron: las acciones brasileñas comenzaron a subir y el real acompañó el alborozo con una revalorización del 0,6% frente al dólar. En unas cuantas horas Lula y Palocci lograron desactivar una poderosa bomba lanzada desde dos frentes.

Críticas desde dentro. En uno de ellos estaba situada en primera línea Dilma Rousseff, la sustituta del ex brazo derecho de Lula, José Dirceu. La ministra de Presidencia, en plena crisis política de su Gobierno, aseguró en una entrevista que el plan a largo plazo del Gobierno para lograr disciplina fiscal es rudimentario y perjudicará la expansión económica. Un dardo convenientemente dirigido contra Palocci que disgustó al presidente.

Al día siguiente Lula hizo un llamamiento para que los ministros evitasen mostrar en público sus divergencias. Y pocas horas después aprovechó un acto para elogiar la política económica del Gobierno. Ese fue el aperitivo antes de la declaración de Palocci en el Senado. Entre los dos consiguieron convencer a los mercados de que Brasil no abandonará la senda emprendida para corregir los desequilibrios macroeconómicos heredados de la anterior Administración y que están permitiendo al país crecer, controlar la inflación y reducir la deuda.

No obstante, siguen existiendo críticas veladas contra la política económica de Lula. En algunos sectores irrita especialmente la obsesión del Banco Central (BC) por mantener los tipos de interés elevados (19%), una idea persistente que, según fuentes próximas al Gobierno, se explica porque en el pasado el país sufrió tasas muy elevadas de inflación que se han llegado a convertir en una "marca" de la economía brasileña. Sin embargo, según explican, ahora los precios han comenzado a controlarse y la tendencia es que la tasa selic siga bajando en los próximos meses. Asunto resuelto, al menos de momento.

Palocci y Lula en las CPI. Pero hay otro frente activo y peligroso, el de los escándalos de corrupción. Sobre Palocci pesan varias denuncias realizadas contra él por algunos colaboradores suyos durante la época en la que fue alcalde de Ribeiro Preto. El ministro de Economía proclamó su inocencia en el Senado. Aunque en este caso las investigaciones siguen abiertas y una de las comisiones de investigación del Congreso (CPI) insiste en interrogarle. El presidente de la CPI que intenta esclarecer los casos de corrupción en los bingos ha anunciado que someterá a votación el próximo martes un requerimiento para convocar a Palocci en la comisión.

Ese mismo día y en la misma CPI comenzarán a desfilar personas directamente relacionadas con el presidente brasileño. Otra nueva mina en el camino de la reelección de Lula en los comicios de octubre de 2006. El primero en declarar será el actual presidente del Servicio Brasileño de Apoyo de la Micro y Pequeña Empresa (Sebrae), Paulo Okamoto, funcionario que fue en 1989 el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

Okamoto ha asegurado que pagó con dinero del PT un préstamo contraído personalmente por el presidente del Gobierno por valor de 29.436 reales (11.408 euros). También está previsto que se interrogue al hermano mayor de Lula, Genival Inacio da Silva, a quien se le acusa de tráfico de influencias. Al parecer, él fue el que ejerció de intermediario entre el empresario portugués Emidio Mendes (uno de los propietarios de Riviera Group) y la petrolera estatal Petrobras. El hermano del presidente, según estas denuncias, promovió un encuentro en la sede del Gobierno entre Mendes y el asesor especial de la Presidencia, César Álvarez, y el jefe de Gabinete de Presidencia, Gilberto de Carvalho. Una semana después, el empresario luso visitó la sede de Petrobras. Y posteriormente se firmó un acuerdo de cooperación entre Riviera Group y la petrolera en el área de importación y distribución de alcohol combustible en Europa.

La posible declaración de Palocci y las intervenciones de las personas que podrían supuestamente implicar a Lula en los casos de corrupción generarán gran expectación y quizá nerviosismo. Pero no en el Gobierno.

Denuncias sin pruebas. Fuentes próximas a la Administración aseguran que las comisiones de investigación ni han probado, ni probarán, nada contra Palocci ni contra Lula. Por este motivo, y a pesar de que reconocen que la crisis ha golpeado al Gobierno, consideran que ésta ha comenzado a remitir a pesar de los esfuerzos de la oposición por mantener al Ejecutivo brasileño bajo presión.

Y de hecho es cierto, al menos hasta ahora. Hoy mismo se ha conocido que una de las CPI, la que investiga el caso de los sobornos, se ha cerrado. Se han gastado 4,7 millones de reales (1,8 millones de euros) en contratar consultoras y técnicos para cruzar datos con la CPI que estudia los casos de corrupción en Correos y no han podido probar nada. Tampoco ha habido acuerdo entre sus miembros para prolongarla, de forma que esta CPI está oficialmente muerta.

Esta es precisamente una de las bazas del Gobierno de Lula. Las CPI tienen fecha de caducidad. Una ya está cerrada, otra ha logrado un aplazamiento pero el resto tiene que terminar sus trabajos en diciembre. A partir de esa fecha el barullo generado por los escándalos de corrupción tenderá a desaparecer, según afirman fuentes próximas a Lula, y el Gobierno podrá respirar tranquilo y preparar durante ocho meses la carrera del presidente hacia la reelección.

Tiempo suficiente, si no ocurre ninguna sorpresa, para trabajar por recuperar la credibilidad perdida por el PT y el Gobierno durante el transcurso de estos meses de crisis en los que el presidente y su Administración han perdido popularidad aunque todavía no tanta como para augurar una derrota de Lula en las elecciones de 2006.

Irregularidades en las campañas. En cualquier caso, hoy por hoy la situación es todavía complicada porque las CPI siguen generando mucho ruido y ocupando gran parte de las páginas de los periódicos brasileños. De hecho, buena parte de los diarios han aumentado su número de páginas y, según se comenta en los ambientes políticos, están sacando partido de la crisis: las tiradas y las audiencias han crecido milagrosamente.

Y eso que, de momento, lo único que han encontrado las comisiones parlamentarias han sido irregularidades en la financiación de las campañas políticas, en todas, no sólo en la que llevó a Lula al poder. Irregularidades que, según aseguran varios políticos del país, son habituales en Brasil, donde es el sector privado el que da dinero para financiar las campañas. El problema es que parte de esas empresas que las financian no lo declaran.

Con pruebas o sin ellas, lo cierto es que el Gobierno de Lula ha sufrido un desgaste agravado por el hecho de que la Administración parece paralizada. Hay reformas pendientes e inversiones que no se materializan y que podrían generar una desaceleración del crecimiento. Los medios de comunicación brasileños achacan esta inactividad a la crisis. Pero hay otras versiones.

Algunos miembros del Gobierno comentan que el problema es de otro tipo. Según estas fuentes, la obsesión de Palocci y del secretario del Tesoro, Joaquim Levy (quien podría aceptar una oferta del BID para ocupar un cargo), por mantener superávit primario, les ha llevado a priorizar el ahorro y no autorizan los desembolsos necesarios para que el Ministerio de Planificación (que está subordinado al de Hacienda) pueda acometer los proyectos que Lula ha encargado. De alguna manera, según dicen, "se está engañando al presidente".