Recientemente, el Gobierno español ha aprobado un real decreto por el que se desarrollan las normas básicas que han de regir el seguimiento y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones afectadas por la normativa. Este decreto forma parte de un paquete de medidas relacionadas con la contribución de España a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Protocolo de Kioto.

Dos de estas normas se relacionan con la implantación en España del comercio de derechos de emisión. La tercera norma se refiere a la firma de un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el fin de adquirir nueve millones de toneladas de anhídrido carbónico.

Todo esto da lugar a una división entre las empresas. Cuando faltan dos meses para que el parqué europeo de emisiones contaminantes cumpla su primer año de existencia, la especulación ya se está haciendo ver, aprovechándose de la compraventa de derechos de dióxido de carbono. En cada país de la Unión Europea, con objeto de cumplir el Protocolo, se creó un mercado de tal modo que las empresas eléctricas y la industria en general puedan comprar emisiones para, de este modo, ajustarse a los Planes Nacionales de Asignación (PNA).

En este momento, en la Unión Europea hay 5.000 empresas sujetas al comercio de CO2. Sólo 50 de estas empresas han ido a la bolsa y la mayoría son eléctricas, como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, EDF y RWE, y petroleras, como BP o Shell. Los volúmenes que se contratan son, en general, mayores que la demanda de derechos de dióxido de carbono. Lo que da lugar a que el mercado se constituya básicamente como especulación, no centrada en las necesidades del cumplimiento de Kioto.

Los principales protagonistas de este mercado son las empresas eléctricas y las entidades financieras actúan como intermediarias. Y las industrias no energéticas consideran todo este proceso, que está dominado por el fantasma de la especulación. Y aquí coinciden una serie de empresas que, en principio, nada tienen en común, como son las siderúrgicas, las papeleras, las cementeras y las cerámicas. Se encuentran en franca desventaja frente a las eléctricas.

La razón de esta situación reside en que las eléctricas trasladan al coste la compra de los mencionados derechos de emisión. Dicho con otras palabras, la compra de estos derechos se traslada al precio de la electricidad, lo que no pueden hacer otro tipo de empresas, pues perderían competitividad en sus mercados frente a países como EEUU, China, o India, que no están sujetos al Protocolo de Kioto. En el mercado eléctrico, dentro de la Unión Europea, apenas hay competencia y ésta no existe con rivales energéticos de fuera de la Unión.

Toda está situación da lugar a una desventaja de la mayor parte de las empresas frente a las del sector eléctrico. Además, estas empresas no eléctricas, pueden verse afectadas por el procesos de deslocalización. Todo ello, según los expertos, puede dar lugar a que los precios de la tonelada de CO2 se estabilicen. La tonelada de dióxido de carbono pudo alcanzar los 30 euros, pero parece que se ha llegado a la estabilización alrededor de los 21.

Ahora el desafío reside en conseguir un segundo plan de Kioto, que sea equilibrado y viable económicamente, al tiempo que se lucha por alcanzar una serie de mecanismos de maduración de la industria.

Es necesario tener presente siempre que nos encontramos ante una economía globalizada, y que cualquier iniciativa que se tome en un sector o en un país repercute necesariamente en otros sectores y en otros países.