Las gestiones para conseguir la extradición de Alberto Fujimori se han convertido en un duro obstáculo para el Poder Judicial de Perú. Algunos funcionarios han advertido que varios de los expedientes que el Supremo peruano debe entregar a su equivalente en Chile para conseguir que éste autorice a Lima la entrega del detenido, carecen de fundamento jurídico. Y por si fuera poco, la Justicia peruana ha advertido que podría declararse sin presupuesto suficiente para resolver la extradición del ex presidente.

En total son 22 los expedientes, uno por cada proceso judicial que está abierto contra Fujimori, que la defensa del Estado de Perú tiene que elevar al Supremo, antes de enviarlos a la Justicia de su país vecino. Entre ellos, destacan los referidos a los crímenes de lesa humanidad, al espionaje telefónico que sufrieron cientos de políticos y empresarios peruanos, presuntas irregularidades en la compra de maquinarias chinas así como el desvío de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a la Casa Militar de Palacio de Gobierno.

Para conseguir que el Tribunal Supremo de Chile acepte las solicitudes tramitadas por su igual en Perú, es necesario que los cargos que se detallen en los informes guarden reciprocidad en las legislaciones de ambos países. De momento, la máxima autoridad judicial peruana ha aceptado nueve expedientes y ha desestimado dos. El primero se ha suspendido porque inculpa a Fujimori de haber abandonado la Presidencia del Ejecutivo en 2000, cuando huyó a Japón, un delito que no es castigado en Chile.

El segundo, según fuentes judiciales citadas por la prensa peruana, culpa al ex mandatario de haber encubierto la fuga del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a Panamá. Este cargo tampoco está tipificado en el Código Penal chileno.

Los casos aprobados tendrán que ser remitidos también a los abogados de Fujimori para que en un plazo de dos días puedan incorporar las pruebas que crean conveniente, con el fin de defender a su cliente. Sin embargo, ya han pedido que se anulen los juicios aludidos en las solicitudes de extradición, con el argumento de que el ex presidente no contó con una debida defensa cuando se le asignó inicialmente a letrados de oficio.

Errores en los expedientes. Pero la Justicia peruana no sólo tiene que enfrentarse a la incertidumbre de que Chile no acepte sus expedientes. El responsable de la Fiscalía, Antonio Maldonado, reconoció el pasado jueves en declaraciones al diario de Perú, El Comercio, que hubo errores en la tramitación de los textos para la extradición de Fujimori.

Maldonado ha asegurado que los informes se gestionaron con excesiva rapidez debido a la velocidad con la que sucedieron los hechos. Por esta razón, el procurador ha despedido a dos de sus colaboradores, aunque ha pedido que no se magnifiquen las cosas.

El responsable de la Fiscalía integró una comisión de alto nivel que viajó a Chile horas después de la captura de Fujimori en este país, para coordinar la tramitación del pedido de extradición y contratar a un abogado chileno que represente al Estado peruano en el proceso.

Historia repetida. Parece ser que la Justicia de Perú ya tiene experiencia en tramitar expedientes de extradición mal sustentados jurídicamente. El ex embajador peruano en Tokio Luis Macchiavello, en declaraciones a periódicos regionales, asegura que las peticiones desde Lima para conseguir que Japón aceptase el envío de Fujimori tenía deficiencias.

El antiguo diplomático ha explicado que en los informes había testimonios indirectos y, al igual que ocurre ahora con Chile, se acusaba al ex mandatario por delitos que no existen en Japón, como por ejemplo, el que se refiere a la responsabilidad de comando, por el cual se castiga a la persona que permite que se cometa un delito y no lo castigue aún con conocimiento del mismo.

Macchiavelo fue cesado el pasado lunes por el Gobierno peruano, que manifestó sentirse molesto por la injerecia del Ejecutivo nipón en el 'caso Fujimori'. Una decisión que fue criticada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores japones, Akira Chiba, quien considera que los diplomáticos no se retiran por medio de comunicados, tal como lo hizo la Administración de Perú.

Sin dinero. Por si fuera poco, algunos funcionarios de la Justicia peruana han reconocido que el Poder Judicial del país atraviesa una crisis económica y que podría no disponer del presupuesto suficiente para gestionar los procesos de extradición del ex presidente peruano Alerto Fujimori. Así lo ha asegurado la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Zavala Balladares a los periódicos regionales, después de que la Comisión del Presupuesto del Congreso aceptase conceder al Poder Judicial sólo el 8% de los 600 millones de soles (151 millones de euros) adicionales que solicitó para el 2006.

Sin embargo no parece que sea una opinión compartida por la Corte Suprema de Perú. Fuentes consultadas por Americaeconomica.com han explicado que la falta de presupuesto no afectará a los procesos judiciales de este año, como la petición de extradición de Fujimori, que el 5 de enero de 2006, Lima debe haber enviado a Santiago.

Además, el presidente del máximo tribunal de Perú, Walter Vázquez Vejerano, asegura que este recorte en el presupuesto judicial afectará a la ciudadanía. Según Vázquez, la resolución de la Comisión del Presupuesto del Congreso afectará a la modernización del Poder Judicial e impedirá la creación de 36 nuevos órganos jurisdiccionales para atender a más de cinco millones de habitantes y resolver casi 5.000 expedientes.

Los trabajadores de Perú, preocupados. El desarrollo por el Poder Judicial de los expedientes de extradición de Fujimori tiene bastante preocupado a los trabajadores de Perú, que han iniciado una serie de movilizaciones en Lima para exigir a la Justicia de su país que actúe con rapidez, pero sobre todo, con diligencia.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), Juan José Gorriti, explicó a Americaeconomica.com que existen antecedentes en los que el Poder Judicial no ha actuado con transparencia. El responsable de la CGTP denunció además que en la actualidad todavía hay magistrados en la Justicia peruana que provienen del fujimorismo.

Preguntado por este medio sobre cómo valora las actuaciones de la Justicia de Chile Gorritti las calificó de eficientes y confía en que respondan con prontitud las demandas peruanas.