El presidente de EEUU, George Bush, ha presentado en Tucson (Arizona) una propuesta de reforma migratoria para controlar a los 900.000 inmigrantes, el 85% de ellos mexicanos, que entran en el país cada año de manera ilegal. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los controles fronterizos e impedir que continúe la llegada masiva de indocumentados procedentes de Latinoamérica.

Bush ha declarado que la nación estadounidense siempre ha sido compasiva ante los recién llegados pero también recuerda que la política de Washington se fundamenta en leyes, por lo que aquellos inmigrantes que entran al país de manera ilegal violan las normas, y eso es algo que no se les debe permitir.

El actual inquilino de la Casa Blanca pretende también con su plan impedir que a través de la comisión de un delito se ponga en marcha una ruta alternativa automática para obtener la cidiana estadounidense.

El mandatario de EEUU ha explicado que el programa migratorio tiene tres ejes principales. En primer lugar, la deportación inmediata hasta su lugar de origen de cualquier inmigrante indocumentado que sea atrapado en la frontera sin excepción. Sin embargo, aquellos extranjeros en condiciones de permanencia ilegal que ya residan en el país, no serán deportados, si no se les captura por la realización de alguna ilegalidad.

Esta decisión se basa en un planteamiento puramente económico. Según ha indicado el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoll, el coste y los recursos necesarios para iniciar una campaña masiva de detenciones y deportaciones no es soportable para un Estado en el que el déficit presupuestario se sitúa ya en una cantidad equivalente al 4,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

El segundo punto de la iniciativa de Bush establece un endurecimiento de los controles fronterizos y modificar la ley de inmigración que la Casa Blanca quiere negociar con el Congreso de EEUU. La actual legislación obliga a que se libere a las personas detenidas al cruzar la frontera ilegalmente si, después de un determinado periodo de tiempo, sus países no los reclaman. Una ventaja que según el presidente estadounidense es aprovechada por asesinos, violadores, criminales y otros pederastas.

Por último, la propuesta contempla el desarrollo de un programa de contratación de trabajadores temporales, que podrían desempeñar sus actividades de manera legal en EEUU durante un periodo máximo de seis años, pero no obtendrán la residencia antes de tener que regresar a su país de origen.

Según algunos expertos, con este programa Bush intenta satisfacer a los conservadores que exigen medidas severas contra la inmigración ilegal, y por otro lado, a los empresarios que exigen una solución para que se cubran los puestos de trabajo que los estadounidenses no quieren desempeñar. Sin embargo, algunos analistas que aseguran que uno de los principales objetivos de la última iniciativa es contentar a una comunidad hispana cada vez más numerosa, cuyos votos pueden resultar decisivos en las legislativas del próximo año en las que se renovará todo el Congreso y un tercio del Senado.

Contradicciones. No obstante, la nueva propuesta de Bush parece contradecir a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto en la economía estadounidense de los trabajadores extranjeros, que hasta 2004 sumaban 21 millones.

En concreto, el texto resalta que el flujo de inmigrantes será clave para la dinámica de la fuerza laborar en EEUU, que en la próxima década crecerá más lento su tasa anual del 1,5% registrada durante el último medio siglo.

El director de la oficina encarga del informe, Douglas Holtz-Eakin, explicó ante una comisión de la Cámara de Representantes que con la ausencia de la inmigración, la economía no crecerás, según publica la prensa regional.