El presidente de México, Vicente Fox, ha calificado como una violación de derechos humanos la construcción de un muro en la franja fronteriza entre su país y EEUU con el fin de frenar la entrada de la inmigración ilegal. Esta iniciativa fue propuesta el pasado martes por el máximo responsable del Comité de Servicios Armados de la Cámara baja estadounidense, Duncan Hunter, y ya ha recibido la aprobación del actual inquilino de la Casa Blanca, George Bush, quien considera que la colocación de una valla que separe ambas naciones reforzaría la seguridad en el país.

Según publica la prensa mexicana, las autoridades de la República azteca estudian la posibilidad de presentar una demanda contra la iniciativa de Washington ante la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, que el próximo mes de febrero asumirá un puesto como juez en la CPI, ha asegurado que el Gobierno de México debe disponer primero de bases legales para elevar su denuncia, para lo que primeramente necesita saber si el muro que levantaría EEUU estaría en su totalidad en territorio estadounidense o incursionaría en suelo mexicano.

Fox ha indicado que sólo con un acuerdo que regule los flujos migratorios se podrá acabar con la presencia de indocumentados en EEUU y en este sentido, ha respaldado la propuesta de Bush de impulsar un plan para trabajadores temporales. Además, el mandatario del país azteca advirtió de que la construcción de una valla o el establecimiento de cualquier otro tipo de impedimentos no logrará cerrar el paso a los documentados.

El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, ha secundado la posición adoptada por el presidente de México pero ha indicado que el Gobierno vecino está en su derecho de velar por la seguridad de su nación. El alto funcionario explicó que la propuesta de EEUU no significa el cierre de las fronteras sino una intensificación de vigilancia para evitar el cruce desordenado de inmigrantes, aunque asegura que las autoridades mexicanas estarán pendientes de que no se registren violaciones de los derechos humanos a los inmigrantes mexicanos.

Por esta razón, Abascal señaló que está en contacto con el secretario de Seguridad Interna estadounidense, Michael Chertfoff, para establecer métodos que respeten a los ciudadanos. En concreto, el proyecto, que supondría una inversión de 8.000 millones de dólares (6.769 millones de euros) plantea la construcción de una doble valla de seguridad con luces y sensores desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, una línea fronteriza de 3.200 kilómetros que separa EEUU del país azteca, según ha publicado el diario Nuevo Herald.

En la actualidad, el estrecho de 22 kilómetros más occidental de la frontera está delimitado con una doble alambrada. También existen barreras de seguridad en otros puntos vulnerables, pero por el contrario, algunos tramos de esta valla están protegidos sólo con simples alambras de púas.