Las petroleras internacionales que operan en Bolivia han puesto en marcha la estrategia del pacto para salvar sus intereses. Estas compañías aseguran que están dispuestas a adaptar sus contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos, pero prefieren negociar esta cuestión después de las elecciones presidenciales del 18 de diciembre y de la Asamblea Constituyente prevista para marzo de 2006. Para conseguirlo, han hecho una oferta al Gobierno.

Estas compañías han enviado cartas al Ejecutivo en las que proponen un trato: si se amplía el plazo para las hacer valer los tratados de protección de inversiones que el Estado Boliviano mantiene con sus países de procedencia. Mientras tanto, el presidente Eduardo Rodríguez acaba de aceptar la dimisión de su ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn.

El plazo que contempla la Ley de Hidrocarburos, ratificada el pasado mes de mayo, para el cambio de los contratos ha concluido. Terminó la semana pasada sin que los convenios hayan sufrido modificaciones. Los esfuerzos del equipo de Rodríguez no han surtido efecto. El mandatario ha asegurado que el Ejecutivo no es el responsable del fracaso, sino la propia ley petrolera, que no contempla sanciones. Algo, que según el propio Rodríguez deja Gobierno sin capacidad de acción.

Para solucionar este enredo, el presidente boliviano ha instado a los parlamantarios a introducir una nueva cláusula a esta Ley que permita penalizar a aquellas compañías que se muestren reticentes a formalizar los nuevos convenios en el próximo plazo que se determine.

El mandatario no ha convencido con estas explicaciones, ni con su sugerencia, a los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los miembros del partido que lidera Evo Morales, el candidato que encabeza las encuestas para las elecciones, están molestos. Creen que el plazo de 180 días previsto en la Ley, era más que suficiente para haber zanjado esta cuestión y acusan a Rodríguez de irresponsable. Además, han presentado un proyecto de Ley para anular los contratos petroleros.

Ahora, el Congreso del país evalúa un informe que ha elaborado el Ejecutivo sobre las reuniones que ha mantendio con las empresas en los últimos tres meses. Debe decidir qué hacer. Hay varias opciones: volver a las negociaciones, modificar la Ley de Hidrocarburos para dotar al Ejecutivo de una herramienta de presión o anular los contratos.

Todas las posibilidades tropiezan con la proximidad de la cita electoral. Las elecciones se celebrarán en menos de un mes y los expertos están seguros de que Rodríguez dejará pendiente la solución a este problema. La situación es complicada y parece que desborda al Gobierno.

Hoy viernes, el presidente ha anunciado que acepta la dimisión del ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, que el pasado 19 de octubre expresó su deseo de abandonar la cartera. Aunque la Presidencia ha explicado que esta renuncia responde a motivos personales, la salida del responsable del sector petrolero aviva la tensión en este conflicto. Desaparece uno de los principales interlocutores con las empresas internacionales.

Las petroleras son conscientes de esta situación. Quieren estar seguras de que no tendrán que sentarse a una mesa de negociaciones hasta que un nuevo Gobierno haya tomado posesión y tenga una idea clara de lo que quiere hacer. Confían en que no sea necesario recurrir a los tribunales. Una opción que estas compañías barajan desde hace meses. A cambio, quieren que la fecha para entablar de nuevo el diálogo sea en julio de 2006.

Algunos analistas del sector petrolero han explicado a Americaeconomica.com que la oferta de estas empresas es adecuada, puesto que éste no es el momento oportuno para cambiar los contratos petroleros. Además de las elecciones, los expertos han puntualizado que el próximo mes de marzo Bolivia celebrará una Asamblea Constituyente. Estos dos acontecimientos políticos son decisivos para el futuro petrolero en el país. En ellos se definirá qué relación va a establecer el Estado con las empresas privadas que operan en Bolivia.

Las petroleras internacionales temen que Evo Morales gane las elecciones. Si esta previsión se confirma, el sector petrolero se podría revolucionar. El líder cocalero siempre ha defendido la nacionalización de los hidrocarburos y esta cuestión se mantiene en su programa electoral. Aunque hace unos días, el candidato del MAS lanzó un mensaje tranquilizador: ha asegurado que no habrá expropiaciones.