El presidente de EEUU, George Bush, se ha propuesto como objetivo reducir el elevado número de inmigrantes ilegales mexicanos que anualmente entran en el país. Para alcanzar esta meta, el actual inquilino de la Casa Blanca ha lanzado una curiosa iniciativa: construir una doble valla de seguridad de 3.200 kilómetros, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, con el fin de dificultar la entrada de aquellos ciudadanos de la nación vecina que no tengan la documentación en regla. Algunos analistas ya han equiparado este futuro muro con el de Palestina.

El presidente mexicano, Vicente Fox, ha calificado como una violación de derechos humanos la construcción de una barrera en la franja fronteriza entre su país y EEUU. Además, el mandatario del país azteca advirtió de que la construcción de una valla o el establecimiento de cualquier otro tipo de impedimentos no logrará cerrar el paso a los indocumentados. Según los últimos datos, 900.000 inmigrantes entran anualmente de manera ilegal a territorio estadounidense, de los cuales, el 85% provienen de México.

Joel Magallanes, director Ejecutivo de la Asociación Tepeyaca, la principal organización de inmigrantes mexicanos en Nueva York, ha declarardo a Americaeconomica.com que esta barrera no se convertirá en una realidad, ya que en su opinión, se trata de un sistema obsoleto que no puede parar la inmigración.

Las autoridades de la República azteca estudian la posibilidad de presentar una demanda contra la iniciativa de Washington ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Sin embargo, el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, que el próximo mes de febrero asumirá un puesto como juez en la CPI, ha asegurado en declaraciones a la prensa regional, que el Gobierno de México debe disponer primero de bases legales para elevar su denuncia, para lo que primeramente necesita saber si el muro que levantaría EEUU estaría en su totalidad en territorio estadounidense o incursionaría en suelo mexicano.

El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, ha secundado la posición adoptada por el presidente de México pero ha indicado que el Gobierno vecino está en su derecho de velar por la seguridad de su nación. El alto funcionario explicó que la propuesta de EEUU no significa el cierre de las fronteras sino una intensificación de vigilancia para evitar el cruce desordenado de inmigrantes, aunque asegura que las autoridades mexicanas estarán pendientes de que no se registren violaciones de los derechos humanos a los inmigrantes mexicanos. Por esta razón, Abascal señaló que está en contacto con el secretario de Seguridad Interna estadounidense, Michael Chertfoff, para establecer métodos que respeten a los ciudadanos.

Concretamente, el proyecto, que supondría una inversión de 8.000 millones de dólares (6.769 millones de euros) plantea la construcción de una doble valla de seguridad con luces y sensores desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, una línea fronteriza de 3.200 kilómetros que separa EEUU del país azteca, según ha publicado el diario Nuevo Herald. En la actualidad, el estrecho de 22 kilómetros más occidental de la frontera está delimitado con una doble alambrada. También existen barreras de seguridad en otros puntos vulnerables, pero por el contrario, algunos tramos de esta valla están protegidos sólo con simples alambras de púas.

Esta iniciativa fue propuesta el pasado martes por el máximo responsable del Comité de Servicios Armados de la Cámara baja estadounidense, Duncan Hunter, y ya ha recibido la aprobación del actual inquilino de la Casa Blanca, George Bush, quien considera que la colocación de una valla que separe ambas naciones reforzaría la seguridad en el país.

Reforma migratoria. La construcción de un posible muro parece que no será la principal herramienta empleada por Bush para frentar la entrada de la inmigración ilegal. Aunque el propio presidente ha recordado que siempre han sido compasivos con los recién llegados, asegura que los indocumentados que acceden al país violan las normas, y es algo que no se les debe permitir. Por esta razón, ha presentado un nuevo programa migratorio, cuya característica principal es el reforzamiento de medidas contra la entrada de indocumentados.

La propuesta se sustena en tres ejes claves. En primer lugar, la deportación inmediata hasta su lugar de origen de cualquier inmigrante indocumentado que sea atrapado en la frontera sin excepción. Sin embargo, aquellos extranjeros en condiciones de permanencia ilegal que ya residan en el país, no serán deportados, si no se les captura por la realización de alguna ilegalidad.

Esta decisión se basa en un planteamiento puramente económico. Según ha indicado el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoll, el coste y los recursos necesarios para iniciar una campaña masiva de detenciones y deportaciones no es soportable para un Estado en el que el déficit presupuestario se sitúa ya en una cantidad equivalente al 4,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

El segundo punto de la iniciativa de Bush establece un endurecimiento de los controles fronterizos y modificar la ley de inmigración que la Casa Blanca quiere negociar con el Congreso de EEUU. La actual legislación obliga a que se libere a las personas detenidas al cruzar la frontera ilegalmente si, después de un determinado periodo de tiempo, sus países no los reclaman. Una ventaja que según el presidente estadounidense es aprovechada por asesinos, violadores, criminales y otros pederastas.

Por último, la propuesta contempla el desarrollo de un programa de contratación de trabajadores temporales, que podrían desempeñar sus actividades de manera legal en EEUU durante un periodo máximo de seis años, pero no obtendrán la residencia antes de tener que regresar a su país de origen.

Según algunos expertos, con este programa Bush intenta satisfacer a los conservadores que exigen medidas severas contra la inmigración ilegal, y por otro lado, a los empresarios que exigen una solución para que se cubran los puestos de trabajo que los estadounidenses no quieren desempeñar. Sin embargo, algunos analistas que aseguran que uno de los principales objetivos de la última iniciativa es contentar a una comunidad hispana cada vez más numerosa, cuyos votos pueden resultar decisivos en las legislativas del próximo año en las que se renovará todo el Congreso y un tercio del Senado.

La respuesta de Fox. Si bien el Gobierno de México ha respaldado la propuesta del actual inquilino de la Casa Blanca de impulsar un plan para trabajadores temporales, confía en la posibilidad de que la Administración Bush acceda a legalizar a todos los inmigrantes mexicanos que actualmente trabajan en EEUU de forma indefinida. Así lo ha expresado el portavoz de la Presidencia del país azteca, Rubén Aguilar, horas después de que el actual inquilino de la Casa Blanca, George Bush, presentase una propuesta de reforma migratoria.

El portavoz ha explicado que cualquier reforma en esta materia debe recoger la posibilidad de construir alternativas para la regularización de los trabajadores que ya viven en EEUU, así como para los que tengan intención de entrar en el país vecino en busca de empleo. Además, el alto funcionario aseguró que la Embajada mexicana en Washington discturá la propuesta con las autoridades estadounidenses.

Contradicciones. No obstante, la nueva propuesta de Bush parece contradecir a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto en la economía estadounidense de los trabajadores extranjeros, que hasta 2004 sumaban 21 millones.

En concreto, el texto resalta que el flujo de inmigrantes será clave para la dinámica de la fuerza laborar en EEUU, que en la próxima década crecerá más lento su tasa anual del 1,5% registrada durante el último medio siglo. El director de la oficina encarga del informe, Douglas Holtz-Eakin, explicó ante una comisión de la Cámara de Representantes que con la ausencia de la inmigración, la economía no crecerás, según publica la prensa regional.

Empresarios. Sin embargo, EEUU no sólo está preocupado por la inmigración ilegal mexicana que entra cada año en el país. Los empresarios estadounidenses han mantenido esta semana contacto con los tres principales candidatos a la Presidencia de México durante la convención nacional que realiza por segunda vez en la historia la American Chamber-México (Amcham). Miembros de esta organización explicaron a Americaeconomica.com que los hombres de negocios de EEUU buscan conocer qué proponen en materia económica los aspirantes de cara a las próximas elecciones Presidenciales de 2006.

El primero en exponer las metas de su formación política fue Roberto Madrazo, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según destaca la prensa regional, el candidato priísta se centró en la necesidad de recuperar la competitividad del país. No obstante, algunos observadores han subrayado que Madrazo evadió una pregunta sobre si permitiría que el capital privado entrase en el sectores que actualmente dirige el Estado.

Este aparente vacío que dejó el aspirante del PRI fue cubierto por el candidato del gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, quien se apresuró a resaltar que de ganar las próximas elecciones presidenciales permitirá la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético aunque precisó que sólo en la cadena de valor agregado, no en la exploración ni en la producción de crudo.

Por último, Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el favorito según los últimos sondeos, se distanció de las propuestas de sus dos principales adversarios. López Obrador destacó que no permitirá la entrada de capital privado en ningún área del sector energético y resaltó que los principales problemas de México son la pobreza y la corrupción, por lo que la gente más necesitada se convertirá en su prioridad, según destaca la prensa regional.

Al evento, según fuentes de la Amcham consultadas por este medio, acudieron representantes de 250 empresas de EEUU, entre las que se encuentran importantes compañías como Exxon Mobile, General Motors o Colgate. Datos de esta agrupación comercial revelan que la entidad aglutina a representantes de hasta 100.000 millones de dólares (85.337 millones de euros) de inversión extranjera directa (IED) en territorio mexicano.

El ex embajador de EEUU en México, Jefrrey Davidow, que ha actuado como moderador en el encuentro, ha asegurado que a los hombres de negocio estadounidenses no les interesa si los candidatos son de izquierda o de derecha, sino saber qué proponen para que crezca la economía en México. Sin embargo, desde Washington se observará con interés el desarrollo del encuentro, dado el acceso preferencial que tienen muchos de los empresarios a las altas esferas tanto en la Presidencia como en el Poder Legislativo, según destaca la prensa regional.